Antes se mandaba al Ejército (Rosa Martínez en Vozpópuli)

La justicia investiga la entrada masiva en Ceuta, pero la política diluye la responsabilidad estatal.

la prudencia judicial y la frontera

Antes, cuando miles de personas cruzaban una frontera de golpe, los gobiernos sabían que tenían un problema de soberanía. La respuesta podía ser contundente, incluso militar. Ahora, la sofisticación es tal que se opta por la investigación judicial. Una jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, está analizando los hechos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2021, cuando más de 70.000 personas accedieron irregularmente a España desde Marruecos. La magistrada considera que estos actos pudieron atentar gravemente contra la integridad territorial española, abriendo diligencias por posibles delitos contra la paz o independencia del Estado.

Es un enfoque que contrasta con la intuición de que una entrada masiva y no autorizada supone, como mínimo, un desafío a la autoridad estatal. La idea de precipitarse, llamar a alguien por teléfono y, sin querer, montar un conflicto internacional, parece haber dado paso a un proceso de recopilación de informes y análisis. La clave parece estar en la investigación, sobre todo porque los detalles de cómo se produjo esa entrada masiva aún no están del todo claros.

el informe policial y la falta de culpables

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía señala que lo sucedido en Ceuta no fue algo incidental ni espontáneo, sino que apreció planificación previa y táctica, hablando incluso de "guiado activo" de la masa por parte de fuerzas de seguridad marroquíes. El documento recoge imágenes de agentes uniformados dando indicaciones para acceder a España y de personas no uniformadas dirigiendo el flujo. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que no existe evidencia de que ningún Estado organizara la operación y mantiene que la cooperación con Marruecos es "excelente".

El informe policial, aunque menciona la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes y la participación de algunos agentes en el guiado, no atribuye formalmente la planificación al Gobierno marroquí. Se habla de planificación, sí, pero no se identifica a un autor intelectual. Esta falta de señalamiento directo impide, lógicamente, tomar medidas contundentes contra un actor específico.

la soberanía y la instrucción judicial

La situación actual evoca escenarios históricos donde la entrada de tropas extranjeras se manejaba de forma diferente. Imaginar que en su día se hubiera pedido prudencia ante la entrada de Napoleón en España en 1808, o ante la invasión de Polonia por Hitler, pone de manifiesto un cambio radical en la respuesta estatal. Ahora, la prudencia parece ser tal que se podría esperar un auto judicial para confirmar si está lloviendo.

La paradoja es que, semanas después de la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta, violando las leyes españolas, se sabe que hubo una "violación masiva de la soberanía territorial de España", que fue planificada y que fuerzas de seguridad marroquíes participaron en el guiado. A pesar de ello, la discusión se centra en quién lo ordenó y con qué propósito. El Gobierno ha optado por desclasificar informes del CNI, la Policía y la inteligencia militar para argumentar que no se les advirtió de la magnitud del evento, lo que añade otra capa de investigación: averiguar si alguien sabía algo y no lo comunicó.

El Estado, a través de la justicia, investiga la acción concertada, mientras el Gobierno se persona como perjudicado y Marruecos sigue siendo un socio clave. La cuestión es si se ha progresado o si simplemente se ha perdido el instinto de conservación. Un Estado no necesita una sentencia firme para tomar decisiones políticas; para eso existen los gobiernos, la inteligencia y la diplomacia. Los jueces determinan si hay delitos y quién es responsable penalmente. No deberían ser ellos quienes expliquen al poder ejecutivo si alguien ha utilizado una frontera para desestabilizar el país. Pareciera que hasta la soberanía necesita una instrucción judicial.