¿Hasta qué punto el Estado ha dejado de ejercer su soberanía en el sur de España?
Desde hace meses, las costas de Cádiz, Huelva y las islas Canarias son escenario de una actividad traficante que ya no se esconde. Las llamadas «petacas» de combustible –los depósitos que usan las lanchas para repostar en alta mar– aparecen a diario en playas y ríos, a menudo llenas y a plena luz del día. Vecinos de Chiclana relatan cómo el río Iro, que cruza la ciudad, se convirtió en una autopista para zodiacs cargadas: «Bajaban por la madrugada por un tramo urbano perfectamente iluminado», describen. La situación se repite en el Guadalete y, más al norte, en el Guadalquivir, donde las narcolanchas transitan con total impunidad.
Un negocio que se ve, pero no se persigue
Los testimonios coinciden en que la presencia de las fuerzas de seguridad es testimonial. A pesar de que los agentes de la Guardia Civil han sufrido ataques mortales –como los ocurridos en Barbate y Huelva–, el despliegue policial no se ha reforzado. De hecho, algunos apuntan a que desde el desmantelamiento del operativo Ocon Sur la presión ha disminuido. El resultado es que las organizaciones incivil operan sin miedo: las lanchas cargan combustible en ríos a la vista de todo el mundo, y los que alertan del problema son tachados de alarmistas.
La respuesta política: más ruido que soluciones
El debate sobre quién tiene la culpa enfrenta dos corrientes. Una sostiene que el Estado ha abandonado deliberadamente a Andalucía y Canarias para centrar recursos en Cataluña y País Vasco, apuntando a los pactos de investidura. La otra responsabiliza a los gobiernos autonómicos, señalando que llevan años gobernando los mismos partidos sin atajar el problema, y que la población no ha exigido cambios en las urnas. «El problema no es votar a Vox o al PSOE, sino pensar que votar lo soluciona todo», se argumenta. Mientras, el narcotráfico crece y salpica incluso al sector inmobiliario: en Sevilla, los pisos de lujo que se venden sobre plano tendrían, según algunas opiniones, compradores vinculados al traficante.
El coste de la normalización
Lo más preocupante es que la presencia de petacas y narcolanchas se ha convertido en un paisaje más para los residentes. «Antes solo era en el Estrecho, ahora desde el Guadiana hasta el Cabo de Gata», advierten. Las autoridades se limitan a retirar los depósitos vacíos –cuando lo hacen– sin atacar las bases logísticas. El negocio del combustible ilegal mueve millones, y mientras no se corte el suministro, las lanchas seguirán operando. La pregunta es si la sociedad está dispuesta a aceptar que regiones enteras queden en manos de la delincuencia organizada.
Mientras tanto, en Madrid se debate el precio del alquiler.