Analfabetos escopeteros matalobos, CULPABLES de media España ardiendo

Por qué arde el noroeste húmedo: fuegos provocados​

Un vecino prende una franja de maleza en su finca porque, sostiene, así le sale mejor pasto al año siguiente. El fuego se le escapa y en pocas horas arde media sierra. No es agosto: es invierno en la cornisa cantábrica, la España que más llueve y, en proporción, una de las que más arde. La pregunta de fondo no es el mechero, sino qué intereses hay detrás de cada chispa. Según la cifra que se cita en el debate, que un participante atribuye a una noticia de prensa, el 96% de los incendios son provocados. El calor extremo, que según ese mismo relato repiten los telediarios, explicaría como mucho el resto.

¿Quién quema el monte en el norte de España?​

La estacionalidad rompe el relato. En la zona cantábrica los fuegos no se concentran en verano, sino entre diciembre y marzo, cuando el monte viejo se seca y el invierno castiga. Los datos de causas que citan los participantes apuntan a motivos intencionados en la mayoría de los casos. Hay quien recuerda que la ganadería del norte lleva en reducción continua desde los años 80 y que, por tanto, apenas necesita nuevos pastos: si prende fuego, pierde. En contra de esa defensa pesa otra observación recurrente, también expuesta en el debate: el pino y el eucalipto —plantados en su día por la administración forestal— serían las especies que más se queman, lo que apuntaría a un modelo de monte que solo cierra las cuentas a golpe de subvención y corta. ¿Y el pasto? Aquí nadie se pone de acuerdo.

El negocio que aparece después del fuego​

Sobre la ceniza se montan varios negocios a la vez. Hay quien sostiene que la industria maderera compra la madera chamuscada a precio de saldo porque, en la mayoría de los casos, solo se ha quemado la corteza y el tronco sigue sirviendo para papel o tablero; los más técnicos lo rebajan, porque el calor súbito seca la madera y le quita valor para ebanistería. En paralelo circulan dos sospechas más. Una apunta a las líneas eléctricas de alta tensión y a los golpes de viento; otra, a cambios normativos que permitirían recalificar terreno quemado, acusación que se dirige a la administración de turno y que nunca se ha probado caso por caso. También hay quien habla, sin pruebas, de drones que sueltan material incendiario.

Municipios de 100 habitantes y el coste del minifundio municipal​

El otro frente es administrativo. En el norte abundan municipios de menos de 100 habitantes, cada uno con su ayuntamiento y enormes porciones de territorio. Fusionarlos choca con la resistencia política, y el argumento del ahorro se desmonta fácil: la gente sigue viviendo allí y los servicios hay que prestarlos igual. Lo que de verdad está en juego son los montes comunales, gestionados por juntas vecinales y, según distintos análisis, codiciados por intereses externos. La tesis de que las subvenciones mantienen artificialmente viva una población que de otro modo se marcharía tiene un problema serio: sin esos vecinos, el monte que hoy se discute queda literalmente sin nadie que lo mire.

El lobo, la escopeta y una guerra que no se cierra​

La fauna entra en la misma ecuación. La protección del lobo —según un participante, en Cantabria se llegó a fijar una multa de 10.000 euros por matar un ejemplar— choca con las pérdidas de ganado, que en teoría se compensan pero no siempre llegan. De ahí el pulso entre quienes defienden abatir al depredador y quienes señalan que el problema no es el lobo, sino la rentabilidad de un rebaño dejado a su suerte en plena sierra. Azuzar la caza de un animal en peligro no arregla ninguna cuenta.

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Con el fuego apagado, el debate se repite cada temporada: miles de hectáreas calcinadas y un pulso sobre las causas que nunca acaba de cerrarse. La España que más llueve sigue ardiendo fuera de temporada y el mechero —o la chispa— nunca tiene dueño.