Alvise ingresa 12.130,87 € y anuncia que se queda el sueldo
Alvise Pérez cobra
12.130,87 euros en un solo mes y, acto seguido, anuncia que no puede donar su sueldo. La paradoja no es un lapsus: es el remate de una secuencia en la que
Alvise Pérez, cabeza de lista de SALF, prometió sortear su nómina pública y acabó comunicando que se la queda «como respuesta a todos los ataques recibidos». El giro definitivo, sin embargo, no fue el que él había anticipado: los mismos medios que decía combatir publicaron después que el reparto sí se celebró, con fallos técnicos y una interrupción de unos veinte minutos. Lo que arrancó como desafío terminó en un ejercicio de comunicación con más capas que un presupuesto público.
Cuánto cobra un eurodiputado y por qué el desglose importa
La liquidación que él mismo hizo pública desglosa dos partidas:
8.089,46 euros como sueldo de agosto y
4.043,60 euros como sueldo de medio julio. Suman 12.130,87 euros. Sobre esa base construyó su propio cálculo fiscal: si esos 10.300 euros mensuales los cobrara en España bajo la norma tributaria española, a su cuenta llegarían unos
6.400 euros. La comparación, por tanto, la lanzó él y no un adversario. Casi 4.000 euros de diferencia mensual según ese mismo cálculo, que explican por qué la promesa de donar la nómina tenía tanto recorrido entre su electorado.
En el hilo se añade otra cifra que se barajó en el debate: una dieta diaria de
350 euros por desplazamiento, frente a los entre 25 y 40 euros al día que, según los ejemplos que se citan en el propio hilo, paga una empresa a un trabajador desplazado. Se trata de un dato mencionado por un participante y no de una cifra verificada en el material.
El anuncio, la marcha atrás y el «vox-ing»
El guion fue el siguiente: primero, la promesa pública de entregar el sueldo; después, un vídeo a las 21.30 en el que se explicaba que donarlo era imposible; finalmente, la decisión de quedárselo íntegro y cancelar el sorteo. En el vocabulario que circularon aquellos días, la operación recibió un apodo: hacer un
vox-ing, esto es, reciclar el repertorio de promesas que se atribuye a otras formaciones de la derecha. La comparación circuló en varios mensajes del hilo.
El argumento central —que existe un impedimento legal o práctico para donar un
salario público— no se sostuvo mucho tiempo según los participantes. Bastaba una pregunta simple: qué impide sacar el dinero del banco y repartirlo. Un sueldo cobrado es un ingreso privado; su destino depende de quien lo recibe. En el hilo nadie citó la norma concreta que lo bloqueaba.
El sorteo: 163.781 inscritos y cero euros repartidos
Los números que circularon durante las horas de mayor confusión son elocuentes. El contador público del proceso mostraba
163.781 personas inscritas,
0 donaciones realizadas y
0 euros repartidos. Para participar había que seguir al organizador en Instagram y suscribirse a su canal de Telegram, además de facilitar datos personales. Varias personas reportaron haber recibido un aviso de que las inscripciones se cerraban temporalmente, lo que alimentó las sospechas sobre la veracidad del proceso.
Después llegó la corrección: sí hubo sorteo, gestionado con tecnología
blockchain según las informaciones publicadas, y con notario según lo sostuvo un participante del hilo. Y llegó con avería. El reparto en directo se interrumpió alrededor de veinte minutos por un error del sistema, lo que dio a la jornada un aire de
prime time accidentado. Poco después, los registros quedaron desactivados, según un mensaje del hilo. La rifa dejó de ser una promesa y pasó a ser un episodio con incidencias técnicas, papeleo y expectación.
¿Qué datos se pedían para participar en el sorteo?
Se solicitaban nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono, correo electrónico e Instagram. El responsable de custodiar esa información era el propio organizador del sorteo, según las advertencias que se difundieron junto al formulario. Ahí está el punto sensible: entregar el DNI, el domicilio y el teléfono a una estructura personal, no a una administración con protocolos de seguridad auditados.
El precedente que se citó como espejo no ayuda. Una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos fechada el 7 de mayo concluyó que una tienda de propaganda política había dejado al descubierto datos personales de sus clientes, omitido para qué los usaría y ocultado quién gestionaba la web, con dos faltas muy graves y una grave. Un aviso para navegantes sobre lo que puede salir mal cuando el cauce de una causa política se convierte también en base de datos.
¿Es imposible donar un sueldo público? El reparto al 50% que no salió
Según informaciones publicadas por Vozpópuli, fuentes del entorno del eurodiputado habrían asegurado que este trató de forzar a dos compañeros de candidatura a donar el 50% de su sueldo cada uno, de modo que el 100% prometido se completara sin que su propia nómina se viera afectada. Ambos se habrían negado. La versión no ha sido confirmada oficialmente y conviene tratarla como lo que es: un relato de fuentes interesadas, sin verificación independiente.
Si ese relato fuera cierto, el problema no sería de imposibilidad, sino de reparto de esfuerzos. La promesa era personal y el coste se pretendía colectivo. Es la diferencia entre donar un sueldo y conseguir que lo donen otros.
Eurodiputado que no pisa el Parlamento Europeo
A la polémica del sueldo se sumó otra: la afirmación, sostenida en el hilo, de que no piensa acudir ni un solo día a la Eurocámara. Ahí el reproche se vuelve jurídico. Cobrar la retribución pública y no ejercer el mandato abre la puerta a la discusión sobre malversación, según las lecturas que se hicieron circular. La crítica es directa: si alguien tiene unos ideales, sean los que sean, los defiende en el escaño; lo contrario es quedarse la asignación sin contrapartida.
El resto del argumentario se sostiene sobre un cálculo de oportunidad más que de legalidad. Un escaño europeo sin presencia cotidiana sirve igual para grabar vídeos, publicar reels y ocupar minutos de televisión. El producto no es legislativo, es audiovisual.
Qué ha quedado de la promesa
Lo verificable a la fecha de esta discusión es esto: un sueldo de 12.130,87 euros ingresado, una promesa de donación cancelada, un sorteo anunciado como irreversible, después celebrado con incidencias técnicas y, entre medias, una recogida de datos personales a gran escala. Las promesas se miden por el resultado, no por el vídeo que las explica.
Queda una pregunta incómoda, y no es para el político: si un sorteo con DNI, teléfono y domicilio como moneda de entrada se replica en cada campaña, ¿quién audita el uso de esos datos y con qué sanción se responde cuando el circuito falla?