Un paciente marroquí, sin empadronar en Navarra, fue atendido en un hospital privado concertado de Pamplona a un coste de 300 euros por noche, mientras a los residentes se les exige cumplir con los requisitos de empadronamiento.
El caso de un paciente marroquí sin empadronar en la Comunidad Foral de Navarra ha generado controversia en relación con el acceso a la sanidad pública. La situación se desencadenó cuando la hija del paciente solicitó al Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea el traslado de su padre desde Castilla y León a Pamplona. A pesar de que la petición fue inicialmente denegada por el personal de gestión, al no estar el varón empadronado en la red foral, y ante la negativa de las hijas a cambiar la residencia de su padre para no perder ayudas económicas en Castilla y León, los servicios sociales del hospital activaron un trámite excepcional. Este procedimiento sorteó los filtros habituales, permitiendo la derivación del paciente al Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
Una vez en Pamplona, y a pesar de continuar empadronado y adscrito sanitariamente a Castilla y León, el paciente fue ingresado el 17 de agosto en el Hospital San Juan de Dios. Este centro es un hospital privado concertado con el Gobierno de Navarra, y sus costes de estancia y cuidados superan los 300 euros por noche y plaza. La situación ha causado indignación entre el personal sanitario, que percibe un agravio comparativo al constatar cómo se ejecutaron órdenes médicas e informes de trabajadores sociales saltándose los criterios comunes que se aplican con rigidez al resto de la ciudadanía. Fuentes de gestión sanitaria señalan que, en circunstancias similares, a pacientes navarros que solicitan traslados por motivos familiares se les exige previamente regularizar su residencia o adscripción sanitaria.
Se denuncian escenarios donde el rigor burocrático y los controles del padrón se desactivan ante colectivos extranjeros que, según estas fuentes, podrían estar aprovechándose del sistema mediante presión administrativa. Esto contrasta con la exigencia de un cumplimiento estricto de la norma a los trabajadores y contribuyentes locales, incluso en momentos de vulnerabilidad. El acceso a la atención sanitaria es un derecho, pero la asignación de recursos públicos debe basarse en criterios claros y equitativos para todos los ciudadanos.