España ya debe dos billones: el contador que no para
El contador no perdona. La
deuda pública española ha rebasado, según las cifras que se manejan en el hilo, los
2.000.000.000.000 de euros, y el marcador que la mide avanza a un ritmo que se ha instalado en el centro de la conversación sobre economía española:
10.000 euros cada dos segundos, según ese mismo cálculo. Cien mil euros, más o menos, en lo que se tarda en leer un mensaje. La cifra redonda —dos billones— funciona como símbolo de un problema que ya no se discute en términos de si conviene pagarlo, sino de cuándo se dejará de pagar.
¿A qué ritmo crece la deuda pública en España?
A razón de 10.000 euros cada dos segundos, el equivalente a
5.000 euros por segundo, la bola de nieve no necesita sobresaltos para seguir engordando: le basta con que nadie la pare. El cálculo, que circula en el hilo entre comprobaciones y bromas, sale siempre igual. Cien mil euros en veinte segundos. Un millón en poco más de tres minutos. La sorpresa no está en la cifra, sino en la facilidad con que se naturaliza.
No hace falta un desastre para que el contador suba. Basta con la inercia.
El no se podía saber, esa fórmula convertida en coletilla de tertulia, se escucha ya, según la broma recurrente, desde Saturno. La duda razonable no es si la deuda creció, sino si alguien hizo algo distinto a mirar cómo crecía.
De 25.000 a 31.500 euros de deuda por habitante
Hace pocos años, la deuda pública española equivalía a unos
25.000 euros por habitante. Ahora la cuenta ronda los
31.500 euros por cabeza y sigue subiendo, según el cálculo que maneja un participante del hilo. El salto no se explica solo por el gasto extraordinario de una crisis, a juicio de quienes lo comentan.
Para cada contribuyente, esos 6.500 euros adicionales por persona son una carga invisible. No se paga cada mes, pero se acumula en forma de intereses que acabarán compitiendo con sanidad, educación o pensiones. El dato descoloca más cuando se recuerda que hubo años de superávit en los que esta deuda parecía una etapa superada.
Aquello fue otro país, o al menos otro gobierno.
¿Por qué el paro juvenil va pegado a la deuda?
No hay cálculo de deuda que se sostenga sin un mercado laboral que genere ingresos, y ahí el cuadro se agria. El desempleo entre los menores de 25 años se sitúa en España en el
30,3% (30,0% en el caso de las mujeres), frente al 6,5% de Alemania, el 11,3% de Reino Unido o el 18,6% de Francia. Es una brecha que lleva años sin cerrarse y que alimenta un círculo del que se habla menos: menos cotizantes, menos caja, más gasto en prestaciones.
La comparación entre los cuatro países deja poco margen a la interpretación. España no es el único Estado endeudado, pero sí el que presenta la tasa de paro juvenil más elevada de los cuatro. Hay quien lee ahí la prueba de un modelo productivo que no arranca; otros sostienen que el problema es de gasto desbocado. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y eso es precisamente lo incómodo.
¿Se puede devolver esta deuda o se impone una quita?
Aquí el consenso se rompe del todo. Para unos,
la deuda nunca se devolverá: lo único que importa es pagar los intereses hasta que llegue una quita global. Los países no son empresas, repiten, y aplicarles la contabilidad doméstica es un error de bulto. Para otros, esa indulgencia es justamente lo que permite que la bola siga rodando: un Estado que intuye que será rescatado no tiene incentivo alguno para apretarse el cinturón.
En medio quedan las recetas duras. Hay quien aboga por
prohibir el déficit público por constitución, salvo en casos de catástrofe o guerra, y priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto. Y hay quien extiende el prisma a Estados Unidos, con
27.469.344.000.000 de deuda y el 131% del PIB según las cifras que cita un participante, para recordar que el problema no es exclusivamente español. Cuando la referencia es Washington, el argumento del caso único se diluye.
Por dónde se escapa el gasto: pensiones y rentas mínimas
Los flecos aparecen en cada capítulo. Un estudio sobre la deuda real de Europa, citado en el hilo,
sitúa a España en el peor lugar del mapa, con Dinamarca como contraste casi envidiable. En el frente social, el Gobierno concede el Ingreso Mínimo Vital de forma automática a los desempleados que agotan el paro y no encuentran trabajo. Y en el horizonte de las pensiones, el nuevo cálculo con 35 años cotizados se comería buena parte del alza prevista para los autónomos.
Cada uno de esos frentes tiene defensores y detractores. La lectura crítica sostiene que se trata de gasto corriente sin retorno; la lectura social responde que detrás de cada cifra hay personas que de otro modo se quedarían sin ingresos. En mitad del cruce, una pregunta que no se resuelve con contabilidad: a quién se le pide el esfuerzo.
Con estos mimbres, el diagnóstico se atasca siempre en el mismo punto. Sabemos a qué velocidad sube la deuda, cuánto toca por habitante y cómo queda España frente a sus vecinos. Lo que no está escrito en ningún contador es quién pagará la factura, ni cuándo, ni con qué recorte. El marcador, entretanto, sigue corriendo.