¿Adiós a la baliza V16? Bruselas amenaza al ejecutivo.

Bruselas cuestiona la baliza V16 y los compradores ya hablan de devolución​

¿Se puede obligar a comprar un dispositivo que Bruselas no avala? La baliza V16, el cacharro luminoso que la DGT convirtió en obligatorio para señalizar averías, ha entrado en zona de turbulencias después de que la Comisión Europea haya puesto en duda su encaje legal. El detonante: una respuesta de la Comisión que recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa nacional no notificada correctamente carece de efecto jurídico contra los particulares. Traducido: si España no siguió el procedimiento, la obligación podría quedarse en nada. Y si eso ocurre, los que ya han pagado entre 30 y 40 euros por el aparato quieren su dinero de vuelta.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre quienes compraron la baliza a regañadientes. «Lo siento por quienes la compraron, en este foro se advirtió», resume el mensaje que abrió el asunto. No es una frase aislada. La sensación dominante es la de haber sido víctima de un impuesto disfrazado de seguridad vial, con la particularidad de que el impuesto se paga a un fabricante privado.

Qué ha dicho exactamente Bruselas sobre la baliza V16​

La Comisión Europea no ha prohibido la baliza. Ha hecho algo más sutil y, para el Gobierno, más incómodo: recordar el principio de que una norma nacional no notificada correctamente no puede aplicarse contra los ciudadanos. Es la doctrina del TJUE, y convierte la baliza en un artefacto jurídicamente frágil. Si un conductor recurre una multa por no llevarla, el argumento tiene recorrido.

A partir de ahí, el relato oficial se descompone. Ya hay demandas interpuestas, entre ellas una presentada por Alvise, según se recoge en la discusión. Y hay quien sostiene que la estrategia de la DGT fue siempre la de apercibir pero no multar: suficiente presión social para que la gente comprara, cero exposición jurídica. «Cuando dieron a los agentes órdenes de apercibir pero no multar, ya estaba claro que esto era como la vacuna del covid», se lee. La comparación con la gestión pandémica reaparece una y otra vez, y no por casualidad: es el mismo patrón de recomendación insistente, presión ambiental y negación posterior de la obligatoriedad.

¿Se puede devolver la baliza V16 y reclamar el IVA?​

Ahí está el lío práctico. Varios compradores tienen la factura y la caja sin abrir, y se plantean acudir a consumo. El problema es el IVA: quien se descontó los cinco euros en la declaración trimestral se enfrenta a un ajuste si devuelve el producto. «Si no es un vehículo rotulado y de uso exclusivo laboral, ¿te habrás descontado la mitad, no?», advierte un mensaje. La advertencia es pertinente: la deducción del IVA de un bien no afecto a la actividad es una de esas cosas que Hacienda detecta con alegría.

Más allá del IVA, hay un daño difícil de cuantificar. «No son solo las amenazas de multa, lo peor es la amenaza de la ausencia de cobertura en caso de accidente por parte de las aseguradoras», señala otro interviniente. Ese es el punto que nadie ha desmentido con claridad: si la baliza era obligatoria y no la llevabas, ¿hasta dónde llega la letra pequeña de la póliza? La duda, sembrada durante meses, no se desactiva con una nota de prensa.

El negocio, los amiguetes y el caso mascarillas​

La lectura económica del asunto es la que más recorrido tiene. La baliza no es un servicio público: es un producto que se compra a una empresa. La obligación legal creó un mercado cautivo de millones de unidades de la noche a la mañana. «La baliza es dinero que va de los trabajadores a su bolsillo», se afirma en el hilo, en una acusación que conviene tomar como lo que es: una opinión política, no un hecho probado. Lo que sí es un hecho es que el Estado obligó a comprar y el beneficiario fue un fabricante privado.

La comparación con el caso mascarillas aparece explícitamente: «Ya dije yo hace tiempo a mi entorno que saldría un caso baliza como salió un caso mascarillas». Es la sospecha de que el dinero público y la emergencia sanitaria o vial son dos puertas que llevan al mismo pasillo. Sin condenas firmes, la sospecha se queda en eso, pero el paralelismo es el marco mental dominante.

Los que no la compraron y los que la compraron cabreados​

Hay dos perfiles claros entre los que rechazaron el aparato. El resistente ideológico: «Ni vacunas ni balizas», resume uno. Y el pragmático que simplemente pasó del tema: «Ni la he comprado ni la pienso comprar, no participo del timo». Ninguno de los dos se siente minoría. «El artículo ya arranca mal cuando dice que la baliza forma parte de la vida de todos los conductores españoles. Falso. Todos no. Yo no la he comprado ni la pienso comprar».

Enfrente, el comprador resignado. No defiende la baliza: se defiende a sí mismo del engorro. «He comprado una en febrero, por unos 30 euros, y porque ya han empezado a tocar los cojones con ellas en la zona en la que vivo. Yo paso de que me hagan perder el tiempo por 30 miserables euros». Es la lógica del coste de fricción: 30 euros es menos que una tarde discutiendo con un agente. «Algunos tenemos una edad en la que no nos apetece que nos den la tabarra», añade. La humillación de pagar por algo que consideras una estafa se compensa con la comodidad de que no te den la lata.

Qué pasa ahora con la baliza V16 y quién paga el pato​

El escenario más probable, a la vista de lo discutido, es que la obligación se diluya sin que nadie asuma el coste político. «Ahora saldrán diciendo que no obligaron a comprarla, que era una recomendación», vaticina un mensaje. La jugada tiene precedente: la presión funcionó, el mercado se creó, y ahora el Ejecutivo puede dejar morir la norma sin devolver un euro a nadie.

Queda la vía judicial. Las demandas están puestas y, si el argumento de la notificación defectuosa prospera, la DGT tendría que reembolsar el importe de las multas, no el de las balizas. Nadie ha prometido devolver el aparato. El comprador que guardó la factura tiene una oportunidad; el que la tiró, un pisapapeles luminoso de 35 euros.

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Al final, la baliza V16 acabará como las mascarillas: en un cajón, con la factura perdida y la sensación de haber pagado por adelantado una obligación que nunca existió del todo. Eso sí, el fabricante ya cobró.