Acuerdo firmado por el orate para traer todos los años a 250.000 mauritanos.

Acuerdo migratorio con Mauritania: 250.000 llegadas al año sin pasar por el Congreso​

¿De dónde sale la cifra de 250.000 mauritanos anuales? Es la pregunta que recorre los mentideros económicos desde que se conoció el acuerdo firmado entre España y Mauritania. El dato, difundido por medios como Trece, apunta a un flujo migratorio anual que, sumado a otras nacionalidades, podría elevar la entrada total hasta el millón de personas al año, según las informaciones que circulan. El Ejecutivo no lo ha desmentido. Tampoco lo ha explicado en sede parlamentaria.

Qué dice el acuerdo y por qué nadie lo ha visto​

El texto, según las informaciones que circulan, establece un cupo anual de 250.000 personas procedentes de Mauritania. No hay comparecencia monográfica. No hay debate en el Congreso. Hay quien sostiene que un gobierno en minoría no puede comprometer flujos migratorios de esa magnitud sin pasar por la Cámara. Otros recuerdan que los acuerdos de cooperación migratoria se firman habitualmente por vía ejecutiva. La diferencia, en este caso, es el volumen.

Mauritania tiene alrededor de 4,4 millones de habitantes, según los datos que se manejan en el análisis demográfico. Extraer 250.000 al año equivale a vaciar una ciudad mediana cada doce meses. El cálculo más optimista asume que se trata de un cupo máximo, no de una cuota real. El escenario pesimista parte de que el efecto llamada ya está en marcha.

El impacto demográfico: 8,8 millones de nacidos fuera​

El INE fijaba a principios de 2024 en 39,7 millones los residentes nacidos en España frente a 8,8 millones nacidos fuera. Un 22% del total. De esos, 2,4 millones ya tienen nacionalidad española y 6,4 siguen como extranjeros sin ella. Madrid y Barcelona juntas suman cinco millones de habitantes: menos que el stock de extranjeros sin nacionalidad.

La progresión que manejan los analistas apunta a un millón de extranjeros adicionales cada tres años. Más de 300.000 al año. Si el cupo mauritano se cumple, solo ese país aportaría la mayor parte del flujo. El resto vendría de otras procedencias. La pregunta que sobrevuela es si el mercado laboral absorbe ese volumen o si lo que hace es presionar a la baja los salarios de los sectores menos cualificados.

Mano de obra barata y ejército de reserva​

El argumento oficial es la falta de mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería o la construcción. El contraargumento es que esos puestos existen, pero mal pagados. Hay quien recuerda que Marx ya hablaba del ejército industrial de reserva: trabajadores disponibles dispuestos a aceptar condiciones que los locales rechazan. Traer mano de obra sin convenio, sin plus de penosidad y sin conocimiento de derechos laborales es, para esta corriente, una forma de dumping.

La respuesta desde el otro lado es que los empresarios españoles llevan años quejándose de vacantes sin cubrir. Y que sin esos trabajadores, sectores enteros se caen. El debate no es nuevo. Lo nuevo es la escala.

El coste sanitario y la falta de controles​

Una parte del análisis pone el foco en la ausencia de controles sanitarios previos. La OMS mantiene alertas por emergencias sanitarias y, sin embargo, no hay protocolo visible de cribado para flujos de esta magnitud, según las críticas que circulan. Se argumenta que enfermedades erradicadas o residuales en España pueden reintroducirse. No hay datos oficiales que confirmen brotes asociados a este acuerdo. Tampoco los hay que lo descarten.

La crítica no es solo sanitaria. Es logística. ¿Dónde se alojan 250.000 personas al año? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué presupuesto? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta pública.

La sombra de la alta traición​

La acusación más grave que circula es la de alta traición. Se pregunta si un presidente en funciones puede comprometer la composición demográfica del país sin mandato parlamentario. La figura jurídica es discutible. La política, no tanto. Un acuerdo de esta envergadura, firmado sin pasar por el Congreso, deja al Ejecutivo expuesto a la sospecha de actuar por intereses que no son los del electorado.

Hay quien ve en todo esto una operación para diluir el cuerpo electoral. Hay quien lo reduce a un acuerdo técnico mal comunicado. Entre ambos extremos, el dato: 250.000 al año. Y la pregunta que nadie responde: ¿quién lo paga?

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Al final, el acuerdo sigue en pie, las cifras no se desmienten y el Congreso no se pronuncia. Todo muy transparente.