Aclarado el misterio del 11-M: Aznar destruyó la escena del crimen para encubrir a los perpetradores estadounidenses

11-M: el desguace de los trenes y la tesis que ningún juez avaló​

Los trenes que estallaron en Madrid la mañana del 11 de marzo de 2004 se desguazaron. Sobre ese desguace se ha levantado una de las teorías más resistentes del 11-M: que José María Aznar ordenó destruir la escena del crimen para encubrir a los verdaderos autores. La acusación se repite como evidencia cerrada. Y el propio cruce de argumentos deja el dato que la agrieta: en el hilo se sostiene que hubo una orden judicial detrás del despiece. Ninguna resolución ha confirmado todavía la autoría que la tesis da por probada.

La tesis del desguace: OTAN, P2OG y el atentado simulado​

Esta línea sostiene que el desguace no fue torpeza ni improvisación, sino el primer paso de un encubrimiento. Según esa versión, Aznar habría pactado con Estados Unidos para que una unidad dedicada a operaciones de falsa bandera, la P2OG, pudiera operar en suelo español sin consecuencias. Y esos movimientos coincidirían con unas maniobras de la OTAN que, siempre según esa versión, simularon un atentado islamista con doscientos muertos y que terminaron ocho horas antes del atentado real. Un guion que solo se sostiene si antes desaparece la escena original.

El detalle que se añade es que las maniobras las dirigió Francia, país que había salido de la estructura militar integrada de la alianza en 1966. De ahí se deduce que Estados Unidos le había cedido el mando: si todo estaba pactado, daba igual quién figurara al frente. Es una deducción, no un documento. Y esa es la grieta que recorre la tesis entera: encaja demasiado bien y no se apoya en una sola prueba de cargo.

¿Quién ordenó desguazar los trenes del 11-M?​

La respuesta que da la otra mitad es incómoda: según uno de los participantes, el despiece de los vagones contó con autorización de un juez. Es decir, la destrucción de la escena no fue una decisión discrecional del Ejecutivo, sino una diligencia dentro de una instrucción. Si eso es así, el pilar sobre el que se apoya la acusación se tambalea: no hace falta buscar una orden de Aznar porque la competencia era judicial.

El contraargumento no cierra el caso, pero cambia el terreno. La sospecha sobre el desguace es vieja y tiene raíces reales. Los recelos sobre kilos y kilos de explosivo que aparecían por todas partes ya existían entonces, y las dudas sobre cómo llegaron ciertos vehículos a determinados puntos alimentaron años de desconfianza. Que existieran dudas no convierte una hipótesis en un hecho probado.

Villarejo, la jueza Coro Cillán y el problema de las fuentes​

Aquí el asunto se enreda. Una parte toma como referencia al excomisario Villarejo, al que sus críticos sitúan como figura central de las cloacas del Estado y le atribuyen un historial judicial que le resta crédito. Otra lo descarta de plano y recuerda que fue él quien, según esta lectura, persiguió hasta la extenuación a la jueza Coro Cillán, la que intentó aclarar la autoría del 11-M.

El razonamiento tiene su trampa circular: si la fuente forma parte de la trama, cualquier cosa que diga vale para descartar la pista rival. Falta el documento, no la retórica. Y sobrevuela una pregunta que nadie responde con papeles: si la autoría fue de otro país, por qué el PP no lo denunció ni lo investigó cuando volvió al poder.

ETA, Zapatero y la pelea política del día después​

El 11-M no fue solo un atentado: fue el arranque de una guerra política que sigue viva. Una corriente recuerda que el Gobierno de entonces atribuyó los hechos a ETA en las primeras horas y que esa versión se usó para no perder unas elecciones que se daban por ganadas. La otra responde con la frase que en el hilo se pone en boca del PSOE, «los españoles necesitan un gobierno que no les mienta», y sostiene que ahí nació de verdad el relato conspirativo.

Entre medias quedan los nombres y los papeles: el libro de Lorenzo Ramírez sobre el 11-M, presentado por algunos participantes como un fraude; los dos etarras detenidos tres meses antes en un intento de atentado con mochilas bomba y el mismo tipo de explosivo, según recuerda un participante; y una hipótesis sobre la autoría que, quince años después, alguien reivindica como propia.

Las otras versiones: Francia, Marruecos y el PSOE​

Ninguna teoría manda sola. Hay quien sitúa el origen en un cruce de intereses entre el PSOE, Marruecos y Francia, con Aznar aceptando encubrir para no declarar una guerra diplomática imposible. Hay quien lo lleva a un plano global, con servicios de inteligencia de países vecinos operando bajo el paraguas de la OTAN, y quien insiste en el matiz de que fueron franceses y no estadounidenses.

El efecto es el de siempre: cuantas más versiones, menos verificable es cada una. Cuando cada cual tiene un culpable distinto, la sospecha se convierte en ambiente y el ambiente no se puede interrogar.

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El dato que descoloca no es ninguno de los grandes. Es que, tras años de acusaciones cruzadas, de libros y de sumarios, la escena del crimen se destruyó y la autoría sigue sin una resolución que la fije. Se discute quién ordenó el desguace. Nadie ha demostrado todavía por qué.