TVE eleva al 30% las mujeres víctimas de violencia machista
¿De dónde sale ese 30%? Es la pregunta que recorre cualquier conversación sobre el dato emitido en Televisión Española: tres de cada diez mujeres españolas habrían sido víctimas de violencia machista. La cifra circula sin el desglose que la sostiene, y eso —más que el número— es lo que ha encendido el escepticismo. Porque un porcentaje así exige metodología, definición de «víctima» y periodo de referencia. Sin ellos, el dato funciona como eslogan.
El
17% que se anima a denunciar, según los mismos datos, agrava la paradoja: si la cifra real fuera esa, la mayoría de las afectadas no llega al juzgado. La pregunta inmediata es qué se cuenta dentro del 30% y qué queda fuera.
Qué entra en el 30% y qué no
El núcleo del desacuerdo no es si existe la violencia machista, sino qué se mete en la cesta. Hay quien sostiene que el porcentaje incluye episodios que van desde un insulto devuelto hasta una discusión de pareja, pasando por el control del móvil o el menosprecio verbal. Con esos criterios, el 30% se queda corto; con criterios penales estrictos, se infla.
La comparación con otras violencias es el otro frente. Se argumenta que el
67% de los asesinados son hombres y que el
88% de los delitos violentos denunciados tiene víctima masculina, sin que eso genere campañas, ministerios ni minutos en informativos. La asimetría, dicen, no está en los hechos sino en el tratamiento.
El problema de medir la violencia con encuestas
Toda estadística de victimización depende de cómo se pregunta. Si la encuesta admite autopercepción —«¿se ha sentido usted menospreciada?»—, el resultado se dispara. Si exige denuncia o parte de lesiones, se hunde. Entre ambos extremos cabe casi cualquier cifra.
De ahí que el
30% sea, a la vez, defendible y sospechoso. Defendible si se explicita el cuestionario; sospechoso si se lanza en un informativo sin la nota metodológica. La televisión pública no es un paper revisado por pares, y el espectador lo sabe.
La brecha entre percibir y denunciar
El dato del
17% de denuncias introduce otra capa. Si tres de cada diez mujeres han sido víctimas y solo una de cada seis denuncia, o el sistema no inspira confianza o la definición de víctima es tan amplia que muchas afectadas no se reconocen en ella. Ambas lecturas son compatibles.
Hay quien apunta a un tercer factor: la denuncia se concentra en parejas que la víctima percibe como inofensivas, mientras los casos más graves quedan fuera del circuito por miedo. El cálculo completo, con cruces por tipo de agresión y comunidad autónoma, da resultados que sorprenden.
Quién financia los estudios y por qué importa
La crítica recurrente apunta a los organismos que producen las cifras: si el estudio lo paga una administración con interés en el resultado, la independencia queda en entredicho. No es un argumento nuevo —se aplica igual a informes empresariales o a estudios de patronal— pero en este terreno pesa más.
La alternativa que se propone es simple: publicar el cuestionario completo, la muestra y el margen de error. Con eso, el 30% dejaría de ser un titular y pasaría a ser un dato discutible, que es lo máximo que se puede pedir a una estadística.
El coste de discutir la cifra en público
Poner en duda el porcentaje tiene un precio social. Cualquier objeción se etiqueta como negacionismo, y eso cierra el paso a la única conversación útil: cómo se mide la violencia, con qué criterios y para qué políticas sirve. Una cifra que no se puede discutir es una cifra que no se puede mejorar.
Mientras tanto, el 30% seguirá sonando en los informativos. Y el espectador, que ya ha aprendido a desconfiar de los porcentajes redondos, hará lo de siempre: creer a medias y esperar el desglose que nunca llega.