Abogados Cristianos: la maquinaria judicial contra la «blasfemia»
El reportaje de InfoLibre destapa que Abogados Cristianos ha presentado una decena de denuncias por delitos contra los sentimientos religiosos. Entre los señalados están el artista Abel Azcona, activistas de Femen y Willy Toledo. La lista no acaba ahí: la portavoz municipal de Madrid, Rita Maestre, y la propia Ada Colau aparecen en el punto de mira de la asociación católica.
Un Código Penal que castiga la burla a los dioses
España sigue teniendo en vigor los artículos 524 y 525 del Código Penal. El primero protege los lugares de culto; el segundo castiga la burla y el escarnio contra dogmas y creencias. La existencia de un tipo penal específico para la blasfemia resulta difícil de encajar en un Estado aconfesional. De hecho, hay quien ya pide directamente su derogación: tras décadas de uso, nadie ha explicado por qué la injuria a una confesión religiosa merece más protección que la injuria a cualquier otra institución.
Los más críticos recuerdan que el 525.2 castiga también el escarnio hacia los ateos, un precepto que roza el ridículo jurídico. Y a esto se añade el 510, sobre delitos de odio, que algunos consideran aplicado con manga ancha en el debate público.
La asimetría con el islam: caricaturas versus blasfemia
Parte del análisis sostiene que la izquierda aceptó sin rechistar las restricciones a las caricaturas de Mahoma en nombre de las sensibilidades y luego se escandaliza cuando los católicos usan la ley para defenderse. No se puede estar en misa y repicando. Si la blasfemia cristiana es delito por presión social, ¿por qué la musulmana se trata de forma distinta?
Otro sector replica que la equivalencia es falsa: no es lo mismo una caricatura de Mahoma publicada en un medio europeo que una performance de Abel Azcona en una galería. El contexto importa, dicen, y la burla gratuita tampoco es un derecho sagrado.
Denuncias cruzadas: Podemos también juega al pleito
El debate dio un giro cuando se recordó que Podemos y sus dirigentes acumulan demandas contra Esperanza Aguirre, Eduardo Inda, Aznar o Alfonso Rojo por afirmaciones sobre financiación venezolana o vínculos con ETA. Los partidarios de Abogados Cristianos señalan la hipocresía de quienes criminalizan a esta asociación pero aplauden el pleito político. La diferencia, apuntan los defensores de la libertad de expresión, es que unas demandas se basan en insultos personales y otras tratan de blindar dogmas de fe.
Negocio o fe: el apoyo económico
Un sector anima a donar a Abogados Cristianos y a Hazte Oir, la otra pata del activismo provida. Se menciona la campaña de esta última frente a la clínica Dator, que según sus promotores logró «salvar» a 61 criaturas. Sea negocio o convicción, el fenómeno demuestra que la fe también se organiza con abogados. La maquinaria judicial contra la blasfemia sigue en marcha, y nadie ha logrado todavía cerrar el debate sobre dónde acaba la libertad de expresión y empieza el delito.