Pareja de 70 y 74 años exige sanidad gratuita al mes de llegar a España}
Un matrimonio de 70 y 74 años, con apenas un mes de residencia en España, se presenta en un centro de salud exigiendo la tarjeta sanitaria. No es un caso aislado. La escena, grabada y difundida en redes, ha reabierto el debate sobre el turismo sanitario y los requisitos para acceder al sistema público de salud.
¿Quién paga la factura?
El grupo Yo Sí Sanidad Universal, que se define como movimiento ciudadano independiente, ha acompañado a varios inmigrantes recién llegados a tramitar la asistencia. Según denuncian algunos sanitarios, los centros de salud apenas verifican la residencia efectiva: basta con que el INSS dé el visto bueno para empadronarse. Esto permite que personas sin cotización, incluso mayores que difícilmente contribuirán, accedan a tratamientos costosos.
La anécdota de una vendedora senegalesa que trajo a su hermana con cáncer desde Senegal para tratarla aquí —antes incluso del último decreto— ilustra el fenómeno. Mientras tanto, pacientes españoles con décadas de cotización esperan meses por un TAC: una historia narrada en la red recoge el caso de una mujer fallecida tras un año y medio de espera para una prueba cerebral.
El negocio del trasplante
El punto más espinoso es el de los trasplantes. Varios testimonios apuntan a que ciudadanos extranjeros acuden expresamente a España a recibir órganos, incluso enviados por sus propios médicos. «Venían a pagarnos las pensiones y nos acaban sacando hasta el hígado», ironiza un análisis sobre la paradoja de que España lidere en donaciones mientras el sistema se resiente. La percepción de que los donantes son mayoritariamente nativos y los receptores, inmigrantes, añade tensión al debate.
Decreto o sin decreto
La normativa actual, reforzada por un real decreto de 2025, suprime requisitos previos de residencia para la asistencia sanitaria de urgencias y atención primaria. La oposición critica que convierte a España en un destino de «turismo sanitario» sin reciprocidad. Quienes defienden la medida alegan derechos humanos y la necesidad de evitar bolsas de excluidos. Pero los números, como recuerda un análisis del hilo, no cuadran: «Es imposible regalar asistencia sanitaria sin límite a cualquiera que invada el país sin haber cotizado ni un céntimo».
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El debate no se cierra. Las listas de espera se alargan, los seguros privados suben y la confianza en el sistema público se erosiona. Mientras tanto, el matrimonio de 70 y 74 años ya tiene su tarjeta sanitaria.
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