+5.000€ por la doble paga le acaban de ingresar a mi langosto padre.

La doble paga de 5.000 euros y la brecha que abre entre generaciones​

Hay una nómina de noviembre que ha vuelto a poner sobre la mesa la pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que cobra un jubilado lo pagó él y cuánto lo están pagando los que todavía trabajan? El detonante es un caso concreto. A un jubilado le acaba de entrar en la cuenta una paga extra que en el hilo se cifra en unos 5.000 euros, una cantidad que su propio hijo, asalariado, equipara a tres meses de su sueldo. La conversación que sigue no va de envidia: va de si el sistema aguanta.

¿Cuánto cobra de más un pensionista respecto a lo que cotizó?​

El número que más se repite es el del Banco de España: cada pensionista recibe 1,74 euros por cada euro que aportó, esto es, un 74% más de lo cotizado. La misma estimación apunta que el jubilado medio ingresaría 4.500 euros anuales de pensión sin haber cotizado y que a los doce años de jubilación ya ha recuperado todo lo que puso. A partir de ahí, cada mes es saldo a favor.

Los números del sistema tampoco ayudan. La llamada hucha de las pensiones pasó de acumular 66.000 millones de euros a deber 66.000 millones al cajón de los impuestos. Es el tipo de dato que convierte una paga extraordinaria en un asunto político.

De 20 cotizantes por pensionista a uno: la ratio que explica el problema​

La aritmética manda. En la etapa franquista había veinte cotizantes por cada pensionista; hoy son dos, y la proyección que se maneja para las próximas décadas es de un solo cotizante por jubilado. Ningún sistema de reparto —se paga con lo que entra hoy, no con lo que se guardó ayer— sostiene esa pendiente sin subir cotizaciones, bajar pensiones o incorporar gente nueva. El debate sobre el mérito individual se queda pequeño al lado de esa cuenta.

Sobre el origen hay versiones. Una sostiene que la Seguridad Social nació como sistema de capitalización, en el que cada cual recibe en función de lo aportado, y que fue un Gobierno de Felipe González el que lo transformó en sistema de reparto al crear las pensiones no contributivas y los subsidios. Si el diagnóstico es correcto, el reproche no debería ir al que cobra, sino al diseño.

La paga extra: prorratearla, eliminarla o dejarla como está​

La paga extraordinaria también está en el punto de mira. Una corriente la califica de herencia franquista y pide eliminarla; otra, más pragmática, defiende prorratearla en doce mensualidades para que la nómina sea previsible y el ahorro deje de depender de dos meses al año. El argumento de fondo es conductual: la doble paga incentiva el gasto puntual y desincentiva la planificación.

En contra juega el consumo. Si desaparecieran las extras, se sostiene, el gasto caería en picado y una economía que se queda cerca de la mitad de todo lo que se consume lo notaría.

Las propuestas de ajuste que circulan y el tramo alto de las pensiones​

Lo que sí circula, negro sobre blanco, son paquetes de recorte. Uno recurrente incluye reducir un 35% el sueldo de los empleados públicos, recortar a la mitad el número de políticos y su salario, igualar todas las pensiones contributivas al Salario Mínimo Interprofesional y traspasar las no contributivas al Ingreso Mínimo Vital. Con esas medidas, defiende quien las plantea, se cerraría el déficit del Estado. Todas ellas, avisan los mismos análisis, implicarían calles calientes.

Aparte queda el tramo alto. Se sostiene que ronda el millón el número de pensiones por encima de los 2.500 euros mensuales que, sumadas a las pagas extras y a otras rentas del patrimonio, dibujan un perfil muy lejano del pensionista que apenas llega a fin de mes. La discusión se enreda cuando se mezclan ambos perfiles en la misma queja.

El trasvase de dinero que circula entre padres e hijos​

Debajo del choque generacional hay un hecho poco discutido: la economía familiar española funciona con transferencias continuas entre generaciones. Se describe un flujo permanente de dinero y de poder adquisitivo que va de los padres a los hijos no por generosidad, sino por necesidad: la entrada de una vivienda, los gastos del día a día, los nietos. Una sociedad que necesita ese cordón umbilical permanente no es exactamente un paraíso de bienestar.

Al otro lado, los casos que se citan son parejas jubiladas del Grupo A de la función pública que superan los 10.000 euros entre las dos pagas extras, o antiguos trabajadores de la industria que, sin estudios, se levantan cantidades parecidas. Y sobre todos ellos, la presión fiscal: el 90,4% de los ingresos por IRPF procede de menos de ocho millones de contribuyentes, la sexta parte de la población.

La demografía, la variable que nadie controla​

El otro gran eje es quién sostiene el sistema mañana. Los datos que se manejan sitúan 2023 como un ejercicio de tasas notables de nacimientos con al menos un progenitor nacido en el extranjero, con Cataluña y Baleares en cabeza. De ahí salen dos lecturas opuestas: una considera imprescindible esa aportación demográfica para que las pensiones sigan pagándose; la contraria la lee como un coste añadido que recorta el margen de los que ya cotizan.

A esa discusión se suma una curiosidad que aparece de refilón: becas universitarias para mayores de 50 años en programas de formación permanente, justificadas con el argumento de que esa generación fue la primera que envió a sus hijos de Erasmus.

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Aquí se atasca el análisis. Un sistema de reparto entrega hoy lo que cobra hoy de quienes trabajan hoy, y por eso cada paga extra funciona como una fotografía del conflicto: quien la cobra la ve como un derecho, quien la paga, como una factura. Nadie ha encontrado la forma de contarlo sin que suene a expolio o a privilegio.