300000 autónomos deberán devolver subvenciones el bichito indebidas. Nadie les obligó a cerrar.

Autónomos devuelven ayudas COVID: «nadie les obligó a cerrar»​

Un hostelero cierra su bar. No por vocación: se lo cierra la policía. Durante meses cobra 845 euros al mes de la prestación por cese de actividad mientras paga 2.000 euros de renta del local, más seguro, luz, teléfono y alarma. Años después llega el requerimiento: debe devolver parte de lo cobrado. El argumento que sostiene la reclamación cabe en una frase: nadie le obligó a cerrar.

El núcleo del asunto no es si hubo pandemia —la hubo— sino si un cierre decretado por la administración, con multas para quien no lo cumpliera, puede convertirse después en una decisión libre de quien obedeció. Ahí el relato oficial empieza a hacer aguas.

¿Qué era la prestación por cese de actividad COVID?​

No era solo para quien echaba la persiana. La prestación podía solicitarse por el cierre obligatorio o por una caída de la facturación, y cubría el 75% de la base de cotización. Los importes medios que se citan son altos para lo que suele circular: 2.513 euros de prestación media por beneficiario y 1.007 euros de exoneración media en cotizaciones sociales.

Conviene retener esa segunda cifra, porque no es una paga: es dinero que el autónomo no ingresó a la Seguridad Social. Cuando se habla de devoluciones por ayudas COVID, la pelota incluye las dos partidas. El marco normativo, además, se aprobó con criterios tan dispares entre comunidades que el beneficiario acabó interpretando las reglas a ciegas, y con un requisito tremendo: si el criterio aplicado no era el correcto, el problema era suyo.

«Nadie les obligó a cerrar»: el argumento que sostiene la devolución​

Sostiene el relato oficial que los cierres fueron un acto de responsabilidad colectiva, no una imposición. La versión de los afectados es otra: en sus barrios iba la policía cerrando bares, a los aforos reducidos a un tercio les siguieron cierres a las 20:00, y cuando el Tribunal Supremo corrigió a una comunidad autónoma y fijó el confinamiento a las 22:00, la administración mantuvo el cierre a las 20:00. Manda huevos, resume uno de ellos.

El exdirector del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó, según se recoge en el debate, que los cierres se decidieron porque no sabían qué hacer. Ese reconocimiento, y la doctrina judicial que los bendijo como necesarios, adecuados y proporcionados, es lo que sostiene el doble rasero: cierre decretado con multa para el que no cumple, devolución de la ayuda para el que la pidió.

Y queda el lucro cesante, del que casi nadie habla. Hay quien relata haber ingresado en 2019 vez y media lo que en 2020, y tiendas que echaron la persiana y no volvieron. La compensación por eso, sencillamente, no existe.

El aval ICO que el Estado regalaba y el autónomo pagaba​

Los préstamos ICO de la pandemia se presentaron como avalados por el Estado a coste cero. La ingeniería tenía un recoveco: el aval se canalizaba a través de sociedades de garantía recíproca cuya comisión oscila entre el 1% y el 1,5% del nominal. El autónomo creía firmar un aval público; en realidad pagaba el suyo. Y al pedir el crédito, la primera exigencia del banco eran los avales personales, lo que deja la promesa de responsabilidad limitada en papel mojado.

Mientras eso ocurría, un gigante del comercio electrónico seguía operando al cien por cien. La pregunta que se hacía entonces y que ahora reaparece es sencilla: ¿qué habría pasado si a esa plataforma le hubieran capado el tráfico al 33%, o si no pudiera recibir pedidos a partir de las 20:00?

Ahí la comparación internacional se vuelve incómoda: en Alemania, según el caso que se cita, al afectado por una medida equivalente se le pagaba el 70% de lo que facturaba en un mes normal. La diferencia no es de generosidad, es de seguridad jurídica. Existe una ley que obliga a indemnizar cuando la administración toma una decisión que perjudica al administrado, por necesaria que sea. La respuesta oficial es siempre la misma: es que había una pandemia.

El doble cobro: impuestos para la ayuda y para recuperarla​

El mecanismo, descrito con frialdad, tiene su lógica perversa: se cobran impuestos para financiar coberturas, se ordenan cierres con criterios arbitrarios y mal explicados, se concede una ayuda mínima por el daño causado y, años después, se reclama esa misma ayuda alegando que se cobró mal en medio de la confusión generada. El contribuyente paga dos veces por el mismo agujero.

Las posturas se han ido endureciendo. Hay quien defiende que cada ayuda mal concedida se recupere, aunque el error fuera de diseño. Hay quien sostiene que sin decisión administrativa no había cierre y que, por tanto, toca indemnizar y no cobrar. Y una parte del público no muestra ninguna solidaridad con el sector hostelero por su papel en los controles de acceso durante la pandemia. Todo cabe en una discusión que nunca dejó de ser política.

El cierre del caso es el dato incómodo: los que no pidieron nada porque no se fiaban de la administración son hoy los únicos que no tienen nada que devolver.