16.300 okupas logran un alquiler por chalets con piscina que habían asaltado

La Sareb ha conseguido que 16.341 familias que ocuparon sus viviendas ahora paguen un alquiler, la mayoría de ellos social y asequible.

Regularizando la ocupación

La Sareb, ese banco malo creado para sanear el sistema financiero español tras la crisis, ha encontrado una forma de gestionar las viviendas que acabaron ocupadas. Desde el año 2020, ha logrado que 16.341 familias que entraron en sus inmuebles sin permiso ahora paguen una cuota mensual. La mayoría de estos acuerdos, concretamente 7.937, se han cerrado en Cataluña, y se basan en alquileres sociales con precios muy bajos. Esto significa que, en lugar de desalojar por completo, se busca una solución intermedia que beneficie a ambas partes, al menos en teoría. El coste de estos alquileres sociales no es fijo; suele calcularse como un porcentaje de los ingresos familiares, oscilando entre el 10% y el 30%, y se mueve generalmente entre los 150 y los 300 euros al mes.

Un programa con enfoque social

Este giro en la estrategia de la Sareb no es casual. En abril de 2023, el Gobierno aprobó un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb bajo la modalidad de alquiler asequible, dirigido a familias vulnerables. Lo llamativo es que una parte significativa de estas viviendas han acabado en manos de quienes previamente las habían ocupado. El proceso para acceder a estas viviendas regularizadas comienza con una recopilación exhaustiva de información sobre la familia que ocupa el inmueble o que se encuentra en situación irregular por impago. El objetivo es identificar a las personas y familias vulnerables para ofrecerles una solución habitacional. Una vez identificados, se les propone pagar un alquiler social, que de media ronda los 200 euros. La mayoría de estos nuevos inquilinos, en un 70% de los casos, son núcleos familiares únicos o familias monoparentales, con ingresos medios de unos 896 euros al mes, de los cuales el 55% proviene de ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital.

El examen de la Sareb y sus resultados

El procedimiento de la Sareb implica un análisis detallado de la situación de cada ocupante. Si se determina que no son vulnerables o que no colaboran con los mediadores sociales tras varios intentos, se procede a la recuperación del inmueble. En la mayoría de los casos, alrededor del 80%, esta recuperación se realiza de forma amistosa. Cuando no es posible, se recurre a la vía judicial. El informe anual de la Sareb de 2024 señala que esta política ha permitido pasar de una gestión reactiva, con impagos y deterioro de activos, a una cartera de viviendas con contratos regularizados. Esto no solo ha mejorado la valoración de las carteras de viviendas afectadas, sino que también ha evitado un deterioro estimado de más de 350 millones de euros en 2022. El programa de alquiler social, que arrancó en 2022 con unos 9.000 activos, ha ido creciendo y en 2024 ya abarcaba unos 16.000, de los cuales 13.000 eran viviendas. Durante 2024, se formalizaron 2.186 alquileres sociales y 2.264 familias se integraron en el Programa de Acompañamiento de la Sareb.

Inserción laboral y mejora del entorno

Más allá de la regularización del alquiler, el programa de la Sareb incluye un componente de acompañamiento social y, en muchos casos, de inserción laboral. De las familias que se adhirieron al Programa de Acompañamiento en 2024, 1.440 personas se sumaron al Programa de Inserción Laboral. Aunque algunas bajas se han registrado, el número de formalizaciones de contratos de trabajo ha sido notable, ascendiendo a 385. Los sectores que más han acogido a estos nuevos trabajadores incluyen la hostelería, la limpieza, las ventas y el transporte. La mejora de la situación no se limita a las familias beneficiadas; también se observa un impacto positivo en el entorno local, con una mejora del marco de convivencia y niveles de mora muy reducidos entre los inquilinos regularizados.