100.000 olivos expropiados en lopera (jaen), para instalar placas solares. mientras, en maruecos...

Cien mil olivos menos para que otros vendan electricidad​

¿Cuántos olivos hay que arrancar para que una planta fotovoltaica salga rentable? En Lopera, un municipio de la provincia de Jaén, la respuesta que circula es incómoda: los suficientes como para que la tala se cuente por miles. La denuncia de SOS Rural, difundida junto a imágenes de terreno arrasado, cifra en 100.000 los olivos afectados entre Jaén y Córdoba. El dato, repetido en la conversación pública sobre el asunto, es la punta del iceberg de un conflicto que enfrenta dos relatos incompatibles: el de la transición energética y el del campo que se queda sin árboles.

No es un caso aislado. En la aldea cordobesa de Morente, los vecinos se han organizado contra unas megaplantas solares que ocuparían el equivalente a 840 campos de fútbol. Y en la provincia de Córdoba se habla de más de 600 hectáreas de olivar y más de 50.000 olivos en el punto de mira. La pregunta que sobrevuela todo esto no es menor: ¿de verdad no hay eriales suficientes en España para poner las placas?

¿Por qué se talan olivos y no se usan secarrales?​

La respuesta corta es que el terreno llano, con acceso a red y sin obstáculos administrativos, escasea. La respuesta larga tiene que ver con la evacuación de la energía: las líneas eléctricas condicionan dónde se puede conectar una planta, y eso empuja a los promotores hacia zonas ya electrificadas. Hay quien sostiene que ahí está la clave de todo el mapa. En contra pesa un argumento difícil de rebatir: en España sobran terrenos de bajo valor agronómico y alta radiación, desde Albacete hacia arriba, que no se están usando para esto.

El cálculo más optimista asume que las plantas se instalan donde la red lo permite. El escenario pesimista parte de otra base: que el suelo agrícola rentable es más barato de expropiar que de comprar en el mercado libre. La expropiación, recuerdan algunos análisis, es excepcional y suele ir ligada a las líneas de evacuación, no a la instalación en sí. Pero el efecto práctico es el mismo: el propietario que no quiere vender se queda sin parcela.

Expropiar a un particular para que gane otro particular​

Aquí es donde el asunto deja de ser medioambiental y se vuelve económico. La crítica más repetida no va contra las renovables en abstracto, sino contra el mecanismo: un negocio privado expropia a otro negocio privado. Si el promotor quiere el terreno, que lo pague al precio que le pidan; si le parece caro, que busque otro sitio. La expropiación forzosa, pensada para infraestructuras de interés general, acaba operando como una herramienta de abaratamiento de costes para el promotor de turno.

El paralelismo con las expropiaciones urbanísticas es inevitable. Se expropia para que el promotor haga el gran negocio, y la administración participa en forma de regalías. Con las fotovoltaicas, el patrón se repite con otro envoltorio: energía verde.

El olivar que tarda 25 años en volver​

El argumento agronómico es el que más pesa en la balanza. Un olivo centenario no se replanta en dos temporadas. Si se arranca, recuperar la producción a niveles máximos lleva décadas. Y no hablamos de cualquier cultivo: España es la punta de lanza mundial del aceite de oliva, con Jaén y Córdoba en el centro del mapa. Destruir esa base para instalar placas es, según esta lectura, un trasvase de soberanía alimentaria hacia un oligopolio energético.

La paradoja que se señala es doble. Primero, que los olivos centenarios tienen un valor de mercado de miles de euros y no se destrozan porque sí. Segundo, que el aceite que produzcan los olivares de seto en regadío —recolectados por máquina, podados con brazo articulado— acabará en manos de unos pocos, que fijarán el precio a su antojo. El resultado sería un sector primario especializado, con pocos trabajadores y muchos técnicos, en un país que ya lidera el desempleo de la OCDE desde hace décadas.

El negocio real: quién gana con la tala​

En la conversación circulan nombres concretos de empresas promotoras, y también la sospecha de que el beneficiario final no es el consumidor que paga la luz, sino el fondo de inversión que compra suelo barato. La secuencia que se describe es la siguiente: se talan los olivos, se instalan los paneles, los agricultores de toda la vida venden a precio tirado por falta de rentabilidad o jubilación, y los fondos compran las tierras buenas. Después, olivos en seto y regadío. Y al final, el aceite al precio que ellos quieran.

Hay otra derivada que se menciona: las plantas no se promocionan en los tejados. La energía distribuida, la que cada uno podría generar en su casa, no interesa al mismo modelo de negocio que necesita grandes extensiones de terreno. Es una observación que conecta con la crítica clásica a la reconversión industrial: siempre hay un sector que paga la fiesta.

¿Qué pasa con el clima mientras se tala?​

El argumento climático aparece en la conversación, pero con ironía. Si el objetivo es frenar el cambio climático, ¿por qué el terreno elegido es precisamente el que captura CO2 y produce alimento? La respuesta oficial no ha llegado con la contundencia que exige el asunto. Mientras tanto, el suelo pierde, el paisaje pierde y la producción agraria pierde. Lo único que gana, de momento, es la cuenta de resultados de alguien.

La pelota está en el tejado de la administración autonómica y estatal. Las expropiaciones siguen su curso, los proyectos avanzan y los vecinos de Lopera y Morente siguen organizándose. No hay desenlace. Solo una pregunta que nadie ha respondido todavía con números encima de la mesa: si hay miles de hectáreas de secarral sin uso, ¿por qué los olivos?