Bizkaia decreta la situación de excepcionalidad ante la llegada masiva de menores forasteros

Bizkaia declara la excepcionalidad por 602 menores migrantes​

¿Cuántos menores migrantes no acompañados puede absorber una provincia antes de que su administración levante la mano? Bizkaia ha respondido por la vía de los hechos: la Diputación Foral ha decretado la situación de excepcionalidad ante lo que describe como una llegada masiva y sostenida de menores extranjeros no acompañados. Su portavoz, Leixuri Arrizabalaga, lo resumió sin rodeos: «Bizkaia no puede más, estamos al límite». La institución reclama al resto de comunidades autónomas y al Gobierno de España un reparto «justo y equilibrado» de los 602 niños y adolescentes que dice atender.

¿Qué implica declarar la situación de excepcionalidad en Bizkaia?​

Declarar la excepcionalidad no es cerrar una frontera ni ordenar una expulsión: es el reconocimiento administrativo de que los recursos de acogida están desbordados. La Diputación sostiene que el sistema no da abasto con 602 menores y que la salida no puede ser local. De ahí la petición de un reparto territorial entre comunidades, el mismo esquema que ya se planteó con los menores llegados a Canarias. La diferencia es de matiz: entonces la comunidad receptora era la puerta de entrada; ahora quien pide auxilio es un territorio foral.

El argumento tiene una pata logística y otra financiera. La logística es la saturación de plazas. La financiera se llama caja única y aparece en cuanto el debate sale del albergue y entra en la contabilidad. Buena parte de las reacciones apuntan a que la provincia exige solidaridad en la acogida mientras defiende su régimen económico singular. El reproche se repite con retintín: reparto sí, pero de personas.

Del reparto de plazas al reparto de impuestos​

La reacción más repetida en la conversación no discute el número de menores: discute por qué solo se reparte lo incómodo. Hay quien propone que, ya que se habla de equilibrio, se aplique el mismo criterio al dinero que cada comunidad aporta y recibe. La formulación más citada es simple: si el reparto va a ser justo, que lo sea también en la carga fiscal. En el fondo late el viejo pulso entre concierto económico, cupo y financiación autonómica, un asunto que en Euskadi nunca es un detalle técnico.

Frente a esa línea, otra parte del análisis responde que mezclar acogida y financiación es una forma elegante de no resolver ninguna de las dos cosas. La excepcionalidad, argumentan, es una competencia concreta y con un plazo concreto; el modelo de financiación es un debate estructural que llevará años. Unirlos sirve para el titular, no para el expediente.

Los testimonios de inseguridad y el cálculo que circula​

Otra corriente del debate abandona la contabilidad y se mueve en el terreno de la percepción en la calle. Se relatan hurtos de móviles en zonas concretas de Bilbao, la sensación de que la policía no puede actuar sin orden judicial por tratarse de delitos leves, y la sospecha de que los dispositivos acaban en un mismo edificio del barrio de San Francisco. Son experiencias personales, no estadísticas, y como tales deben leerse.

Junto a ellas circula un recuento de criminalidad comparada que se repite como argumento de autoridad. Según ese cuadro, Madrid habría registrado en 2023 119 intentos de asesinato, un 153% más que Barcelona, mientras Valencia sumaría 37 y Barcelona 47. Son cifras que se atribuyen a un informe no identificado con precisión y que se usan para sostener que el problema no empezó con la llegada de menores. Quien las replica no aporta la fuente original. Quien las rebate tampoco.

El desgaste político: PNV, PSE y la abstención​

El tercer frente es el electoral, y aquí el diagnóstico converge desde posiciones opuestas: la gestión de la acogida está erosionando a quien la firma. Se sostiene que el PNV empezó a conceder ayudas por exigencia de Izquierda Unida en un gobierno de coalición de hace más de dos décadas, y que una vez que ese socio desapareció del Parlamento siguió financiando el sistema por inercia, sin saber ya cómo bajarse del caballo. Las referencias a Bildu y al PSE completan el reparto de reproches.

La conclusión pesimista se repite en distintos tramos del debate: al votante contrario no le mueve nada, y el abstencionismo no se traduce en cambio político. Con más del 50% de abstención sobre la mesa, el argumento de que la mayoría silenciosa acabará imponiéndose queda siempre en el aire, en un «por ahora» que no se concreta.

La historia vasca como arma arrojadiza​

El cuarto bloque es memorial y algo amargo. Se recuerda que los años ochenta en Bizkaia fueron desindustrialización, heroína, inundaciones y plomo, y que la nostalgia del barrio vibrante oculta una violencia cotidiana que entonces tampoco tenía solución policial. Sobre esa base se construyen dos lecturas: la de quienes creen que la cultura vasca se diluye sin remedio y la de quienes sostienen que el independentismo fue siempre un proyecto de burguesías regionales y que ahora le toca apechugar con sus consecuencias demográficas.

Hay incluso quien relaciona, sin aportar prueba alguna, el hundimiento demográfico con antiguas estructuras terroristas. Es una hipótesis sin respaldo y conviene tratarla como lo que es: una ocurrencia más de sobremesa convertida en argumento.

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El único dato que nadie discute es el punto de partida: 602 menores y una administración que dice no poder más. Todo lo demás, el reparto, el cupo, la caja única y la culpa, sigue exactamente donde estaba cuando empezó la conversación.