Resumen del debate: Vox elimina ayudas específicas para personas LGTBIQ+ y sus familias en Aragón

Aragón recorta 161.000 euros en ayudas LGTBI y las reasigna a discapacidad​

El Gobierno de Aragón, en coalición de PP y Vox, ha eliminado la línea específica de subvenciones para personas LGTBI y sus familias. La partida, dotada con 161.000 euros en la convocatoria anterior, desaparece de la nueva orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 2 de octubre. El presupuesto total de la convocatoria baja de 611.000 a 516.000 euros, un 15,5% menos. Los fondos restantes se destinan a proyectos de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón denunció la medida y advirtió de que retirar esta herramienta introduce incertidumbre en programas de atención presencial, acompañamiento e información sobre derechos. El diputado autonómico de Vox David Arranz defendió la decisión con un argumento que ha incendiado el debate: «la orientación sexual no es motivo para regar con subvenciones a determinados grupos de personas». Arranz insistió en que su partido no considera que las personas LGTBI estén dentro de ninguna discapacidad y que la convocatoria resultante es de igualdad de trato para personas con discapacidad.

¿Qué se financiaba con los 161.000 euros eliminados?​

La convocatoria anterior diferenciaba tres líneas: accesibilidad universal, apoyo a personas LGTBI y sus familiares, y sensibilización y gestión de la diversidad para otros colectivos. La destinada al colectivo LGTBI contaba con 161.000 euros, repartidos en dos partidas de 95.000 y 66.000 euros. Según la asociación, ese dinero financiaba puntos de atención presencial, acompañamiento e información sobre derechos, acciones de sensibilización dirigidas a profesionales, agentes sociales, AMPAs y empresas, y proyectos de participación social.

La nueva orden limita los proyectos subvencionables a la inclusión social y la atención a personas con discapacidad, así como a la accesibilidad universal y la eliminación de barreras. El presupuesto total baja de 611.000 a 516.000 euros. Desde SOMOS consideran que esta decisión supone un «grave retroceso» en el compromiso institucional con la diversidad sexual, familiar y de género.

El argumento de Vox: igualdad sin colectivos​

Arranz ha defendido que su partido defiende «la igualdad, la dignidad de todas las personas y, sobre todo, la igualdad real». En su intervención, el diputado de Vox sostuvo que es la izquierda quien trata de colectivizar a las personas LGTBI y de instrumentalizarlas para su causa. Añadió que las personas homosexuales tienen los mismos problemas que cualquier otra a la hora de pagar en el supermercado o llenar el depósito del coche.

El diputado también vinculó la retirada de ayudas con su política migratoria, al afirmar que es la izquierda quien llena las calles de personas procedentes de otras culturas que, según él, denigran a los homosexuales. En esa línea, emplazó a proteger las fronteras para que esas personas no estén viviendo entre nosotros. Estas declaraciones han sido contestadas en el debate público.

La reacción política: el PSOE llama a votar el 29N​

A nivel nacional, el PSOE también ha criticado la eliminación de esta ayuda. Su secretario LGTBI, Víctor Gutiérrez, señaló que se trata de «una región más en la que las personas LGTBI pagamos el precio de los acuerdos de la derecha y la ultraderecha». Gutiérrez añadió que está en nuestra mano frenarlo el próximo 29N llenando las urnas de votos progresistas.

La medida se enmarca en el acuerdo de coalición entre PP y Vox en Aragón, donde el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia está dirigido por Alejandro Nolasco, de Vox.

El eco en el debate: ayudas por situación, no por condición​

Más allá del ruido político, el asunto ha reabierto una discusión de fondo: ¿debe el dinero público asignarse por condición personal o por situación de necesidad? Varios participantes en el debate sostienen que las ayudas deben ir a personas con dificultades económicas, no a colectivos definidos por su orientación sexual, y algunos afirman que estos programas son una red clientelar. Otras voces advierten de que la discriminación genera costes reales —atención psicológica, asesoramiento legal, programas de inserción— que alguien tiene que financiar. También hay quien defiende que las personas LGTBI ya cuentan con mecanismos para denunciar la discriminación.