Vox roza el 20% con la vivienda como bandera y el PP no se mueve
El local comercial reconvertido en dormitorio colectivo ya es paisaje en las zonas tensionadas: diez o doce personas apiladas entre humedades y roedores, según se relata al seguirle la pista al fenómeno. Sobre ese suelo, literal, se está librando la batalla electoral que la última entrega de
Metroscopia retrata sin adornos: Vox rozando el 20% de intención de voto, el PP sin moverse de su sitio y la izquierda perdiendo altura. La vivienda ha dejado de ser un asunto de gestión para convertirse en el eje que ordena el voto.
No es un dato aislado. Hay un
20% que funciona como umbral en el sistema electoral español, y quien lo toca cambia de categoría. Conviene entender antes por qué el asunto se ha vuelto tan explosivo.
Qué dice la encuesta y por qué se discute al encuestador
Metroscopia arrastra su historial: es la casa que tradicionalmente ha trabajado para
El País, y ese vínculo se le recuerda cada vez que publica un resultado que no encaja con el relato de la izquierda. La desconfianza, en todo caso, es transversal. Circula con naturalidad aquello de que existen las mentirijillas, las mentiras, las grandes mentiras y las encuestas, y no le falta razón a quien lo repite: hasta que se cuentan los votos, cada encuestador puede contar lo que le interese.
Lo relevante no es el decimal. Lo relevante es la dirección:
Vox instalado en la frontera del 20%, el PP plano y el bloque de la izquierda cediendo. En un asunto donde buena parte de la población percibe que no se ha hecho nada durante más de una década, ese movimiento tiene una explicación bastante terrenal.
¿Por qué la vivienda se ha convertido en el problema número uno?
El diagnóstico más repetido marca tres fechas. En
2011 ya había síntomas graves: desahucios, impagos hipotecarios, familias apuradas. Pero sobraba oferta. Los bancos podían hacer moratorias, los precios bajaban por exceso de stock y caída de la demanda. El problema era duro, aunque solucionable.
El segundo punto de inflexión llega en
2017, cuando el parque disponible empieza a agotarse. La primera presión vino del
alquiler turístico, que tiró de los precios hacia arriba en las zonas con demanda. Y la tercera fecha es
2020: tras la pandemia, el volumen de llegada de población extranjera tensiona una oferta que ya no daba para más. Ese es el marco donde se cruzan dos relatos que rara vez se hablan: el que atribuye la presión a la demografía y el que la atribuye a la especulación y a los grandes tenedores.
El decreto tumbado y la factura que nadie quiere pagar
En el terreno político, el paquete normativo sobre alquileres decayó con los votos de
PP, Vox y Junts, y cada bloque lo cuenta a su manera. Una parte sostiene que tumbar esos decretos es lo que ha impedido frenar la escalada; otra, que aquello iba a complicar todavía más la oferta y a disparar los precios. El resultado, de momento, es el mismo para todos: ni una cosa ni la otra, y el problema entero en pie.
Detrás del ruido hay cifras que no admiten interpretación.
600.000 millones más de deuda con los intereses creciendo,
2,3 millones de personas viviendo del Ingreso Mínimo Vital y 600.000 empleados públicos más. El argumento que se repite es siempre idéntico: cuando estalle el problema de la deuda, una parte del electorado pedirá soluciones radicales e inmediatas para mantener su nivel de vida, y esas soluciones ya no estarán disponibles.
Población, alquiler y los cálculos que no cuadran
Ahí es donde el asunto se envenena. Circulan cálculos según los cuales recortar prestaciones a la población no nacionalizada bastaría para que cientos de miles de personas abandonaran el país, y que con garantías jurídicas a los propietarios y desalojos exprés saldrían al mercado del alquiler dos millones de viviendas sin poner un solo ladrillo. Son estimaciones que se sostienen sin refrendo de ningún organismo oficial y que mezclan dos cosas distintas: la política migratoria y la política de suelo.
El diagnóstico sobre la oferta, en cambio, sí tiene consenso técnico amplio: sin suelo liberalizado y sin cambiar la normativa de edificación, el parque nuevo no aparece. Ese consenso se rompe en cuanto alguien pregunta quién debe pagar la fiesta y quién debe marcharse para que el reparto cuadre.
¿Qué pasa cuando un partido toca el 20% de los votos?
La ley electoral española tiene un comportamiento poco intuitivo. Por debajo del 20% del voto, el sistema perjudica a los partidos medianos; a partir de ahí, empieza a favorecerles. Es un efecto de la fórmula de reparto por circunscripciones, que premia a las formaciones con voto repartido por todo el territorio y castiga a las concentradas.
El ejemplo que se cita es Unidos Podemos: alrededor del 20% de los votos y casi exactamente 70 escaños, el 20% de la cámara, dos veces seguidas. Ciudadanos y Vox, cuando se han quedado por debajo de esa línea, han convertido su porcentaje de voto en un porcentaje de escaños menor. Si las encuestas aciertan y Vox cruza el umbral, el mapa parlamentario deja de ser el mismo y con él, las mayorías posibles.
Y aquí llega el dato que descoloca. El partido que capitaliza el cabreo con la vivienda ofrece como solución un paquete donde la pieza más citada no es una política de suelo, ni un plan de construcción, ni una reforma fiscal: es una cifra de personas que se irían. Nadie la ha validado. Se sostiene que funcionaría.