Resumen del debate: Sumar exige al PSOE expropiar el piso de Maricarmen en el próximo Consejo de Ministros

Sumar quiere expropiar el piso de Maricarmen y el PSOE no sabe dónde meterse​

El 3ºB de Maricarmen —una inquilina desahuciada— ha pasado de ser un desahucio anónimo a convertirse en munición política. Sumar ha exigido al PSOE que expropie esa vivienda en el próximo Consejo de Ministros, en pleno choque entre los socios de coalición por la política de vivienda. La operación no es un capricho retórico: es una prueba de fuego sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para frenar un desalojo que no puede parar por decreto.

Porque, según se sostiene en el debate, el decreto antidesahucios ya se tumbó en el Congreso, y ahí está el primer problema. Lo que no se aprobó en el hemiciclo ahora se quiere resolver vía Consejo de Ministros, un atajo que a muchos se les antoja un puente demasiado largo para una sola vivienda.

Qué significa expropiar y quién paga la factura​

Expropiar no es confiscar. El Estado no se queda el piso gratis: paga un justiprecio, que en la práctica es el precio de mercado. Y ahí asoma la paradoja que varios detectan. Si el inmueble lo compró un fondo de inversión barato y ahora el Estado le abona el valor real, la operación puede acabar siendo, como sostienen algunos participantes, el negocio del siglo para el propietario al que se pretendía castigar. Un cierre redondo: el fondo cobra, el Estado se queda con el ladrillo y el contribuyente pone la diferencia.

Según un participante, la gestora llegó a ofrecer la compra del piso por 250.000 euros, cifra que ya entonces andaría por debajo del valor del inmueble. En el debate se apunta también que el Ministerio de Vivienda tanteó la compra. El fondo dijo no a todo, y está en su derecho. Igual que el Gobierno, se argumenta, lo estaría a no priorizar a ese fondo en futuras operaciones o a ponérselo difícil por la vía administrativa.

¿Por qué se ha convertido en un problema político y no solo judicial?​

Porque el caso se ha cruzado con todo lo demás. En paralelo han aparecido noticias incómodas para cada bando: la Fiscalía del Supremo ha archivado la denuncia contra Ayuso por la compra de su ático, al considerar que se basaba en hipótesis elucubrativas. Y, al mismo tiempo, se recuerda que en L'Hospitalet de Llobregat —donde, según un participante, el PSOE gobierna desde hace más de cuatro décadas— una mujer de 54 años se quitó la vida tras ser desahuciada de la vivienda en la que llevaba más de veinte años. Dos relatos que cada lado agita según le conviene.

El resultado es un intercambio de barro donde la vivienda queda de fondo. Hay quien sostiene que expropiar este piso discrimina: por el mismo dinero se levantarían diez viviendas en barrios más humildes.

La letra pequeña que nadie quiere leer en voz alta​

La expropiación forzosa exige una declaración de utilidad pública o interés social que la justifique, y aquí es donde empieza el laberinto. Sin ese paraguas, cualquier expropiación selectiva abre la puerta a que mañana le toque a otro. Los más críticos avisan de inseguridad jurídica; los más favorables recuerdan que la propia Constitución contempla la figura y que el interés social no es una palabra hueca.

El detalle que descoloca: si el Estado compra al precio de mercado para alquilar por debajo, la ayuda no es gratuita, sale del bolsillo de todos. Y si no lo hace, el piso se vende, se alquila caro y Maricarmen vuelve a la casilla de salida, esta vez con una foto en cada telediario.

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Al final, el expediente no se resuelve en un Consejo de Ministros ni en un tuit: se resuelve en un justiprecio, en un juzgado y en una cuenta corriente. Lo demás es campaña.