Resumen del debate: Países Bajos: Los forasteros obtienen vivienda asequible antes que los neerlandeses nativos (ministra de Vivienda de los Países Bajos)

Países Bajos da vivienda social a migrantes antes que a jóvenes neerlandeses​

¿Puede un país desarrollado permitirse el lujo de dar prioridad en la vivienda social a quienes acaban de llegar frente a los jóvenes que llevan toda la vida pagando impuestos? En los Países Bajos, la ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O'Sullivan, ha defendido que los migrantes accedan a vivienda asequible antes que los neerlandeses nativos que buscan su primer hogar. Su argumento: muchos jóvenes neerlandeses «aún pueden vivir con sus padres». La declaración ha encendido el debate sobre un sistema que, según los críticos, castiga a los contribuyentes locales mientras premia a los recién llegados. Según un cálculo que circula en el debate, la migración masiva ha contribuido al 60% del aumento de la demanda de vivienda en el país desde 2015, pero la ministra mantiene que «cualquier persona que pueda y quiera vivir en los Países Bajos tenga un techo sobre su cabeza».

Una política que prioriza a los migrantes sobre los nativos​

La ministra Boekholt-O'Sullivan no ha escondido su postura. Preguntada por qué los migrantes reciben acceso a vivienda asequible antes que los jóvenes neerlandeses que buscan su primera vivienda, respondió que muchos de estos últimos «aún pueden vivir con sus padres». La frase, pronunciada con la naturalidad de quien no ve contradicción alguna, resume una política que en los Países Bajos lleva años aplicándose: los recién llegados se saltan las listas de espera y obtienen acceso de emergencia a vivienda social barata, mientras los nativos se ven relegados a seguir en casa familiar.

El dato que acompaña a esta política es demoledor: según un cálculo que circula en el debate, la migración masiva ha contribuido al 60% del aumento de la demanda de vivienda en los Países Bajos desde 2015. Es decir, más de la mitad de la presión sobre el mercado residencial neerlandés provendría de la llegada de nuevos residentes. Y sin embargo, la respuesta oficial no es frenar la llegada ni priorizar a los locales, sino garantizar techo a cualquier persona que quiera vivir en el país, incluso si eso significa que los jóvenes nativos sigan compartiendo piso con sus progenitores a los treinta años.

El mismo patrón en España: VPO y listas de espera​

El caso neerlandés no es una excepción en Europa. En España, la discusión sobre quién accede a las VPO lleva décadas sobre la mesa. Hay quien sostiene que los nombres de los adjudicatarios de vivienda protegida en España no se corresponden precisamente con los de los jóvenes españoles de toda la vida. Cada patera que llega, se argumenta, son 50 viviendas menos para los de aquí, antes o después. La lógica es simple: si el Estado construye vivienda social y la reparte entre quienes acaban de llegar, los contribuyentes locales quedan en la cola.

La comparación con las ayudas por hijo es inevitable. Se señala que hay familias que se plantan con tres, cuatro o cinco hijos y se llevan todas las ayudas disponibles, mientras los autóctonos con uno o dos vástagos apenas reciben migajas. El sistema asistencialista, diseñado en los años sesenta como joya del Estado del bienestar, se ha convertido, según algunos participantes, en un laberinto donde los recién llegados encuentran atajos y los locales se enfrentan a listas de espera de hasta quince años.

El cálculo que nadie quiere hacer: construir no basta​

La solución que algunos proponen —construir como posesos, llenar España de grúas— choca con una realidad tozuda. Un ayuntamiento pequeño podría esforzarse en levantar 200 o 300 viviendas sociales de alquiler asequible. Con un reparto de migrantes, las podrían llenar todas de sopetón, justo para estrenarlas. ¿Y los nativos? Que se den por contentos de pagar la fiesta. Mientras no haya fronteras y deportaciones, construir es achicar el mar con un cubo.

El argumento tiene su lógica económica: si la demanda crece más rápido que la oferta, ningún plan de vivienda pública alcanzará. Los Países Bajos han hundido la oferta de alquiler privado y arrastran listas de espera de hasta 15 años para la vivienda social. El Estado asistencialista fue la joya de los años 60 y amenaza con ser el suicidio de la Europa envejecida del siglo XXI. La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿quién paga la fiesta cuando los que contribuyen no pueden acceder a lo que financian?

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La ministra Boekholt-O'Sullivan duerme tranquila. Los jóvenes neerlandeses, en casa de sus padres, también. O no.