Resumen del debate: Pagascal asomando la patita: cuando hablamos de remigración nos referimos a los que no trabajan

Abascal acota la remigración a quienes cobran ayudas y el debate se enciende​

Santiago Abascal puso por escrito lo que hasta ahora flotaba en el aire: la remigración de Vox no es un concepto abstracto, es «las personas que están viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles». La frase, en una entrevista recogida por El Mundo, llega con un matiz que no es menor: ya no se habla de expulsar a todo el que esté irregular, sino de seleccionar por nómina. Y ahí empieza el lío.

La definición tiene truco. Si el criterio es cobrar una ayuda, el universo de afectados se dispara muy por encima de lo que sugiere el imaginario del votante de Vox: pensionistas, parados de larga duración, familias con dependencia. ¿Se refiere solo a extranjeros o a cualquiera con subvención? El texto no lo aclara, y esa ambigüedad es exactamente el terreno donde el partido puede pescar sin mojarse.

El argumento que Vox no puede esquivar: quién recoge el tomate​

El contraataque llegó rápido y por el flanco clásico. Hay quien sostiene que quien pide expulsiones masivas debería explicar antes quién cubre los puestos que hoy ocupan esos trabajadores, y el argumento se ha repetido en distintos foros con la misma estructura: si cada vez hay menos nacionales dispuestos, alguien tendrá que venir a trabajar. La réplica de Vox es igual de vieja: primero se suben los salarios, luego ya veremos.

El problema es que la disyuntiva no es binaria. En el debate se citan 15.000 desplazamientos temporales a Francia este mismo año, lo que sugiere que el problema no es solo de oferta de mano de obra sino de condiciones. Si el salario fuera la variable decisiva, esos mismos trabajadores no cruzarían la frontera. La pregunta que queda colgando: ¿es la remigración una política migratoria o una forma elegante de no tocar el mercado laboral?

Del campo al fontanero: el sector que nadie menciona​

La conversación derivó hacia un terreno más incómodo para el discurso de la deportación selectiva. Electricistas, fontaneros, albañiles, yeseros, pintores. Oficios donde la falta de relevo generacional es estructural y donde el trabajador extranjero no compite por una ayuda, compite por un salario que el autónomo español ya no quiere. Ahí la definición de Abascal no encaja: nadie remigra a un fontanero por cobrar el paro, porque no lo cobra.

La automatización apareció como salida, con más voluntad que presupuesto. Mecanizar el campo requiere inversión que el pequeño productor no tiene, y el debate sobre el dumping laboral y la vivienda compartida —quince personas en un piso, se dice— apunta a un problema que la remigración no resuelve, solo desplaza.

La trampa política de la definición​

Acotar la remigración a los perceptores de ayudas tiene una ventaja electoral evidente: convierte una medida radical en sentido común. ¿Quién defiende que alguien cobre del erario sin trabajar? Casi nadie. El coste es que la medida pierde coherencia interna: si el criterio es la ayuda y no la nacionalidad, entonces el pensionista español también entra en el saco. Y si el criterio real es la nacionalidad, la definición de Abascal es un eufemismo.

El debate sigue abierto en el punto exacto donde el partido lo dejó: sin lista de afectados, sin cifra de ahorro y sin explicar qué pasa con los sectores que ya dependen de esa mano de obra. Mientras tanto, la pregunta que nadie responde del todo: ¿cuántos de los que cobran ayudas son exactamente los que Vox quiere que se vayan?