Resumen del debate: No es una huelga general, sino una huelga electoralista, un acto de la campaña del PSOE (Editorial de El Imparcial)

La huelga que solo se convoca cuando gobierna la derecha​

Ocho años de Gobierno socialista. Dos millones y medio de parados. Un 25,7% de la población en riesgo de pobreza. Y, según el editorial de El Imparcial, ni una sola manifestación de CCOO y UGT contra el Ejecutivo que firmaba esas cifras. La convocatoria de huelga general que ambos sindicatos han lanzado contra la Oposición —a dos días del arranque oficial de la campaña del 29-N— es, para ese editorial, la primera que dirigen hacia el lado equivocado del hemiciclo, y el contraste con su silencio anterior es tan grande que, según su tesis, se explica solo.

De 38 y 32 millones en subvenciones al silencio​

El editorial de El Imparcial que abre el análisis pone la lupa en el dato que, según su autor, lo cambia todo: el Gobierno de Sánchez ha incrementado un 260% las subvenciones a las dos centrales, hasta los 38 millones para CCOO y 32 para UGT. Con esa cifra sobre la mesa, la pregunta deja de ser por qué no protestaron durante ocho años y pasa a ser cuánto cuesta que un sindicato no proteste.

La tesis del texto no es que la huelga sea ilegítima, sino que está mal dirigida por definición: un sindicato se enfrenta a quien tiene la política económica en la mano, no a quien no la tiene. Convocar un paro contra la Oposición es una figura que, según el editorial, no tiene precedente en la democracia. Y el calendario —dos días antes de la campaña— convierte la coincidencia en estrategia.

El 11N y la USO: el sindicato que no se suma​

En el flanco sindical hay una ausencia que vale más que muchas presencias: USO no se une al 11N. Ese gesto ha sido leído en el análisis como una señal de que el frente sindical no es monolítico y de que hay organización obrera dispuesta a no confundir su papel con el de una candidatura.

La convocatoria llega además con un problema de legitimidad interna que el propio material anticipa: hay quien sostiene que la huelga será minoritaria, y el escenario que plantea es el de piquetes con más parados que trabajadores en activo. La frase no es una predicción estadística, es la constatación, según ese participante, de que quien convoca no representa al que trabaja.

El «derecho a hacer piquetes» y el derecho a trabajar​

El punto más incómodo del debate no es económico, es de derechos. Según un mensaje difundido en el hilo, la secretaria de Juventud de CCOO, Pau Garcia, ha defendido que su derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar. Es una jerarquía de derechos que en cualquier otro contexto se discutiría con abogados de por medio, y que aquí se despacha como si fuera obvia.

Frente a eso, el cálculo individual se impone: hay quien anuncia que trabajará ese día y quien planea incluso hacer horas extras. No es desafío simbólico. Es la respuesta de quien entiende que una huelga política se paga con el sueldo del que no la secunda.

La crisis de la vivienda como coartada​

Sánchez ha salido a defender que la huelga no va contra nadie, sino a favor de «Maricarmen», y ha situado el foco en la crisis de la vivienda. El editorial le da la vuelta al argumento con una precisión que escuece: la crisis de la vivienda la ha provocado el Gobierno que él preside desde hace ocho años, no la Oposición que aún no gobierna.

Ahí está el nudo. Si el problema es la vivienda, la protesta debería apuntar a Moncloa. Si apunta a la Oposición, el problema no es la vivienda. Y el 29-N aparece en el horizonte como la única fecha que explica la prisa.

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Queda el detalle que remata el asunto: los mismos que, según el editorial, no han convocado una sola protesta contra un Gobierno con un 10% de paro han encontrado el tiempo, las ganas y la logística para convocarla contra quien todavía no ha tocado el poder. La huelga se celebrará. Lo que no está tan claro es a quién le va a costar el sueldo.