Un comentario atribuido a Maribel Verdú sobre sus tres pisos reabre el debate
¿Cuántas viviendas puede tener una persona antes de que la sociedad deje de llamarlo ahorro y empiece a llamarlo rentismo? En un hilo de foro se atribuye a la actriz Maribel Verdú una respuesta a las críticas sobre su patrimonio inmobiliario: «Tengo 3 pisos sí, pero es después de haber trabajado 30 años y sin robar a nadie». La frase, recogida en un mensaje del hilo, ha desatado una discusión que va mucho más allá de una actriz: toca el modelo de propiedad en España, la fiscalidad de la vivienda y la tensión entre quienes ahorran en ladrillo y quienes no pueden permitirse ni el alquiler.
El asunto no es nuevo, pero el contexto lo ha convertido en polvorín. Con la vivienda en el centro del malestar social y una generación joven que ve cómo el salario no alcanza ni para la entrada de un piso, que alguien con tres propiedades diga «no he robado a nadie» suena, para muchos, a provocación. Para otros, a sentido común. La discusión está servida.
¿Es delito tener tres pisos o es simplemente ahorro?
El primer argumento que aparece en cualquier conversación sobre este tema es el de la legalidad. Tener tres viviendas no es ilegal. Comprarlas con dinero declarado, tampoco. En el hilo se defiende que fueron
treinta años de trabajo y sin cometer delito alguno. Y ahí radica parte del conflicto: lo que es legal no siempre es socialmente aceptado.
Hay quien sostiene que el problema no es que alguien tenga tres pisos, sino que
miles de personas no puedan tener ni uno. La comparación es injusta, pero políticamente eficaz. En el debate se afirma que el esfuerzo fiscal sobre la vivienda es altísimo: entre impuestos de compraventa, IBI, tasas municipales y plusvalías, una propiedad puede acumular un gravamen equivalente a un
25% de su precio a lo largo de su vida útil, según un cálculo que circula entre los participantes. Ese dato, repetido en el debate, se usa para desmontar la idea de que el ladrillo es un chollo fiscal.
La pregunta que subyace es otra: ¿debe el Estado tratar igual al que tiene una casa para vivir que al que tiene tres para especular? La respuesta no es binaria, pero el sistema actual, a juicio de muchos participantes, no distingue lo suficiente.
La propuesta de gravar la tercera vivienda y por qué nadie la aplica
En medio del rifirrafe, surge una propuesta concreta:
limitar a dos el número de viviendas por familia —la habitual y la de vacaciones— y aplicar impuestos muy altos a partir de la tercera si no se alquila. La idea, defendida en el debate, tiene un precedente internacional que se cita una y otra vez:
Singapur. Según un participante, allí la primera vivienda apenas se grava, la segunda soporta una tasa del
20% y la tercera del
30%. Además, sostiene que el
90% de las viviendas están en régimen de leasing con reversión al Estado a los 99 años. El resultado, según esa intervención, sería un mercado tensionado, pero con una propiedad mucho más repartida.
¿Por qué no se aplica en España? Porque toca intereses electorales y porque la vivienda es el principal activo patrimonial de la clase media. Cualquier partido que proponga gravar la segunda vivienda se enfrenta a millones de votantes que ven en ese piso su plan de jubilación. El debate está en si eso es justo o es una rémora para los que llegan detrás.
El miedo a alquilar: okupación, impagos y el efecto de la ley
Uno de los argumentos más repetidos por los propietarios es que alquilar se ha convertido en una actividad de riesgo. La okupación, los impagos y la sensación de indefensión jurídica han hecho que muchos prefieran dejar la vivienda vacía antes que arrendarla.
«Si hay problemas, el casero tiene que correr con ellos», resume una postura extendida. La vulnerabilidad del inquilino, se argumenta, es un problema del Estado, no del particular, y privatizarla genera desincentivos.
La consecuencia que se apunta es paradójica: cuanto más se protege al inquilino, menos pisos se ofrecen en alquiler, y más sube el precio de los que quedan. Es el círculo vicioso que denuncian algunos participantes y que los inquilinos sufren en su bolsillo. En medio, la figura del
rentista —el que vive de las rentas— se ha convertido en el nuevo villano social, equiparado por algunos a quien invierte en armamento o en tabaco.
El cálculo que nadie quiere hacer: ¿cuánto se pierde por tener el dinero en el banco?
La defensa clásica del inversor en ladrillo es la inflación. El dinero parado en una cuenta corriente pierde valor cada año, y los intereses que pueda generar el banco se ven mermados por la fiscalidad. Comprar un piso, en cambio, se percibe como un refugio tangible.
«El dinero en el banco pierde valor, el piso al menos mantiene», resume una idea muy extendida.
Ese cálculo, sin embargo, omite costes: mantenimiento, impuestos, periodos sin inquilino, posibles desperfectos. La rentabilidad real de un alquiler no es el bruto que se cobra, sino lo que queda después de todo. Y ahí, muchos propietarios descubren que el negocio no era para tanto. El desglose completo de esa cuenta, con partidas detalladas, es lo que separa al inversor informado del que compra por inercia.
El trasfondo político: izquierda, derecha y el relato de la envidia
El debate ha derivado, como casi todo en España, a la trinchera política. Por un lado, quienes acusan a la izquierda de demonizar el esfuerzo y el ahorro; por otro, quienes señalan que el problema no es la actriz, sino un sistema que premia la especulación sobre el trabajo.
«Los mismos que hablan del problema de la vivienda ni trabajan ni aprecian el trabajo de los demás», se lee en una de las intervenciones más compartidas.
La discusión sobre si Maribel Verdú —o cualquier otro famoso con varias propiedades— debe disculparse por tenerlas es, en realidad, una discusión sobre el modelo económico. Y como tal, no tiene una respuesta única. Lo que sí tiene es una consecuencia clara: cada vez más gente joven asume que nunca podrá comprar un piso, y eso, a largo plazo, es un problema mucho más grave que tres viviendas en manos de una actriz.
Al final, la pregunta no es si Verdú robó o no. Es si el sistema que permite acumular tres pisos mientras otros no pueden pagar el alquiler es sostenible. Y la respuesta, por ahora, es que nadie quiere darla en voz alta.