Resumen del debate: Límites a la irracionalidad política actual

El m2 se triplica en ocho años y la culpa es de los fondos​

¿Cómo es posible que el precio medio del metro cuadrado haya pasado de 2.000 a 6.000 euros y el alquiler de 8 a 30 euros en solo ocho años? Ese es el punto de partida de un debate que estos días recorre los foros económicos con una mezcla de estupefacción y cabreo. El diagnóstico que se repite: la vivienda se ha convertido en el activo estrella de una década perdida para el asalariado, y las explicaciones oficiales no cuadran. La cifra que más se cita es la de los fondos de inversión: según los datos que se manejan, controlan menos del 10% del parque inmobiliario, pero se han convertido en el chivo expiatorio perfecto para no hablar de lo demás.

El precio del metro cuadrado: de 2.000 a 6.000 euros​

El dato que abre el fuego es contundente: en 2018, cuando la izquierda llegó al Gobierno tras ocho años de gestión del PP, el precio medio de compra estaba en 2.000 euros el metro cuadrado y el alquiler en 8 euros. Ocho años después, las cifras que se manejan son de 6.000 euros y 30 euros respectivamente. Un incremento del 200% en compra y del 275% en alquiler. Con esos números sobre la mesa, la pregunta no es quién gobierna, sino por qué el mercado se ha desbocado de esta manera.

La respuesta que se repite en los análisis más críticos apunta a un cóctel: políticas de vivienda que no han funcionado, un parque público raquítico y una demanda que crece más rápido que la oferta. Hay quien sostiene que la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas, muchas en manos del PP, y que la ley estatal no se ha aplicado. Otros responden que el Gobierno central tiene mecanismos suficientes para intervenir y que no lo hace porque tanto PP como PSOE se nutren de votantes rentistas.

¿Por qué se culpa a los fondos de inversión si controlan menos del 10%?​

La paradoja que más se repite es la de los fondos buitre. Los datos oficiales que se citan en el debate indican que controlan menos del 10% del parque inmobiliario. Sin embargo, se han convertido en el enemigo público número uno. La explicación que dan los críticos: es más fácil señalar a un villano lejano que asumir que el problema es estructural.

El argumento que se lanza es que los alquileres suben en Alcañiz o en Medinaceli, lugares que no son precisamente destinos codiciados por los millonarios internacionales. Si la subida es generalizada, el factor fondos no explica el fenómeno completo. La otra pata que se señala es la demanda: se argumenta que la llegada de población inmigrante ha tensionado el mercado, aunque esta afirmación se hace sin datos concretos y con un tono que conviene tratar con cautela.

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El relato oficial y sus grietas​

El debate deriva rápidamente hacia la política. Una parte de los participantes sostiene que el Gobierno central tiene herramientas para intervenir el mercado y no las usa. Se menciona, por ejemplo, que los rentistas tienen una bonificación del 60% en el IRPF y que esa medida nunca se pone encima de la mesa cuando se habla de soluciones. La conclusión que se extrae: no hay incentivo electoral para construir vivienda y bajar precios, porque eso perjudicaría al votante propietario.

La otra cara de la moneda la ponen quienes defienden que las competencias están transferidas y que las comunidades del PP no aplican la ley de vivienda. Se cita el caso de Cataluña, donde se ha aplicado la normativa y, según se afirma, los precios han bajado. No hay consenso sobre si esa bajada es suficiente o si responde a otros factores.

La estupidez como diagnóstico: el límite de la paciencia​

El título del debate lo dice todo: «Tiene que haber algún límite a la estupidez de la gente». La sensación que recorre el intercambio es que la ciudadanía traga con un relato que no se sostiene. Se compara con Venezuela, se habla de impresora mágica y moneda fuerte, y se apunta a que el colchón social —pensiones y funcionarios— está sosteniendo el consumo mientras la vivienda se convierte en un lujo.

Hay quien va más allá y sostiene que el sistema educativo se ha degradado a propósito para tener una población más manejable. La teoría del borreguismo planea sobre muchos mensajes: medios de comunicación subvencionados, relatos oficiales que se repiten hasta la saciedad y una ciudadanía que, según esta visión, ha dejado de pensar por sí misma.

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¿Qué pasa si el colchón social se rompe?​

La pregunta que sobrevuela es qué ocurriría si las pensiones o los salarios públicos dejan de sostener el consumo. Se apunta a que España lleva en quiebra técnica desde 2012 y que el día que los yayos y los funcionarios dejen de cobrar, el castillo de naipes se vendrá abajo. Es una hipótesis, no un hecho, pero el tono de urgencia es palpable.

Mientras tanto, el mercado sigue su curso. Hay quien compró en 2017 y ve cómo su piso se ha revalorizado un 200%. Ironías de la vida: los que se quejan de la subida son los mismos que se benefician de ella si tienen una propiedad. El debate no se cierra porque, en el fondo, nadie quiere que se cierre.

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Con estos mimbres, la conclusión más honesta es que el problema no tiene una solución fácil ni un culpable único. Y que, efectivamente, el límite a la estupidez parece no llegar nunca.