Resumen del debate: La mujer de Feijoó

El ladrillo de la mujer de Feijóo entra en campaña​

Un 5 % de beneficio. Esa es la cifra que, según los datos que circulan sobre la actividad patrimonial de la pareja de Alberto Núñez Feijóo, convierte un negocio inmobiliario perfectamente legal en munición política. La entrada en campaña de Eva Cárdenas —licenciada en Derecho y durante quince años directora de Zara Home— ha devuelto a la primera línea un asunto que el PP creía enterrado: el recorrido del dinero de una actividad mercantil que, según las informaciones publicadas, genera unos 300.000 euros anuales de beneficios.

El detonante no es la cifra. Es el contexto. Quien presume de combatir a los fondos buitre mientras firma acuerdos con ellos tiene un problema de coherencia cuando su pareja hace negocio con el ladrillo. Quien no presume de nada, en cambio, no tiene nada que explicar. Esa asimetría, que en el fondo es la vieja discusión sobre la hipocresía del discurso, es la que ha encendido el avispero.

El sector más regulado de la economía, y el más rentable

Hay un dato que sobrevuela toda la discusión: el inmobiliario es, después de la banca, el sector más regulado de la economía española, según sostiene un participante. Y quienes tienen mano en esa regulación —del ministerio al concejal, del portavoz al diputado— tienen, con llamativa frecuencia, negocio en el inmobiliario. La observación no es una acusación: es una descripción del ecosistema. La clase política tiene intereses propios, y esos intereses no siempre coinciden con los de los gobernados.

La defensa más repetida es la del dinero ganado antes. Cárdenas montó la sección de perfumería de Zara y abrió 600 tiendas de Zara Home, según los datos que se manejan. Feijóo, a su lado, sería un pringado. Esa es la línea argumental: una mujer rica de antes que compra pisos como cualquier español con dinero. El problema es que el argumento, siendo cierto, no desactiva la pregunta política.

La doble vara de medir y el caso Montse Mínguez

El contraste que más duele en la derecha es el de Montse Mínguez. La que fuera portavoz del PSOE en materia de vivienda defendía que «la vivienda no es un negocio» mientras su pareja obtenía beneficios del alquiler de decenas de pisos. Ahí había discurso y había práctica, y la contradicción era evidente. La conclusión que se extrae de la comparación es incómoda para ambos lados: el problema no es el negocio, es el sermón.

Melafo, empata con la mujer del presidente, habrá que votar al que menos robe. El humor negro del personal resume mejor que cualquier editorial la sensación de que esto no va de legalidad, sino de quién puede señalar a quién. Y de fondo, una pregunta que no se responde sola: ¿es legítimo exigir coherencia al adversario cuando el propio discurso también se cambia según las circunstancias?

¿Qué se investiga exactamente y qué se sabe?

A la fecha de esta discusión, no hay ningún delito acreditado. Lo que hay son informaciones periodísticas sobre el recorrido del dinero de la actividad mercantil y patrimonial de Eva Cárdenas, y la constatación de que la Fiscalía y la Agencia Tributaria están a disposición de quien quiera tirar del hilo. Hay quien sostiene que, con esos instrumentos en la mano y con intentos previos de fabricar escándalos —uno de ellos se equivocó de señora—, poco habrá que rascar. En contra pesa el argumento de que la investigación, si es seria, no necesita fabricar nada.

El cálculo completo, desglosado partida a partida entre lo que factura la sociedad y lo que declara, es el terreno donde se decidirá si esto es una anécdota de campaña o algo más. De momento, el 5 % de beneficio sobre la actividad es la cifra que se repite, sin que haya quedado claro si es antes o después de impuestos.

El PP y la corrupción que siempre los tumba

La lectura más cínica es también la más extendida: al PP la corrupción le ha costado el gobierno más veces que cualquier programa económico. Por eso cualquier sombra sobre su cúpula se vive como una amenaza existencial, y por eso la respuesta es siempre la misma: mirar al otro lado. Ellos no van predicando que la propiedad privada es un horror, dicen unos. Es una sinvergüenzada, pero es legal, admiten otros. Entre la defensa numantina y la resignación, el partido no encuentra un discurso que no suene a excusa.

¿Y si el problema no fuera el negocio, sino la incapacidad de la clase política de separar su patrimonio del cargo que ocupa? La pregunta queda abierta. Con estos mimbres, la campaña tiene munición para rato.