Resumen del debate: La izquierda esta dando otro golpe de estado en Sol.

Sol: la acampada por la vivienda y el relato del golpe de estado​

Una concentración en la Puerta del Sol para exigir vivienda asequible se ha convertido, en cuestión de horas, en el enésimo capítulo del relato del «golpe de estado». Entre tiendas de campaña y consignas por el alquiler, la conversación ha derivado hacia otro terreno: quién la paga, quién la organiza y a quién beneficia. La protesta por la vivienda existe. Lo que se le ha pegado encima es una teoría que la convierte en operación de despacho.

¿Quién financia la acampada de Sol?​

La acusación central es que el PSOE financia la acampada y que el sindicato de inquilinas maneja un patrimonio de millones de euros llegados del Estado. A la fecha de esta discusión no hay documentación pública que respalde esas cifras, y ese detalle —la ausencia de papeles— no frena la hipótesis: si la protesta crece, se argumenta, es porque alguien la compra.

¿El Gobierno paga también a sus oponentes?​

La segunda pata del relato es más retorcida. El Ejecutivo estaría financiando a grupos de extrema derecha para calentar la calle y contar con un enemigo visible; la derecha, se sostiene, sería pacífica y la tensión en la plaza respondería a un guion. De ahí se salta a las autorizaciones de concentraciones y a la Delegación del Gobierno, señalada sin pruebas. Banderas de España y algún enfrentamiento entre asistentes hacen el resto.

¿Quién controla la disidencia que se denuncia?​

Para una parte de la conversación no mandan ni Gobierno ni oposición: el timón estaría en fundaciones y agencias extranjeras, con nombres propios y programas de cooperación internacional en la lista. La conclusión que se extrae es que todo es disidencia controlada y que el problema real no es quién moviliza, sino quién paga. Es una sospecha sostenida en la desconfianza, no en un rastro contable.

¿Movilizarse o dejar que la protesta se desgaste?​

Hay además una pelea táctica. Unos defienden no hacer nada y dejar que la acampada se descomponga sola —se apunta que bastarían tres días para que salten las diferencias internas—, mientras otros avisan de que la izquierda sabe movilizarse y que el PP no aguantaría una cacerolada. La vista está puesta en el calendario electoral, con 2027 como horizonte.

Milei, Bukele y el contraargumento del SMI​

Frente a todo eso se levanta un modelo: la Argentina de Milei y El Salvador de Bukele. Se pide una legislatura que acerque a PP y VOX a esos referentes, aunque se admite que hoy resulta difícil. La réplica llega con una cifra incómoda: el salario mínimo argentino ronda los 219 dólares o euros al mes. Y la imagen de miles de personas haciendo cola en Córdoba (Argentina) para conseguir un empleo se usa como contraejemplo.

En el fondo del relato asoma lo demás: la ley de nietos, la gestión de Ceuta y un asunto al que se llama «tongo de Maricarmen». Queda el dato que descoloca. Mientras se discute si la protesta es espontánea o comprada, el precio de la vivienda no baja por consigna, y el modelo que se invoca como salvación paga 219 dólares al mes.