Resumen del debate: La hermana de Óscar Puente y su nuevo destino en Brieva

La fiscal Sofía Puente y la querella que no se deja anular​

Una fiscal con casi tres décadas de carrera, hermana del ministro de Transportes, y una querella por prevaricación que ella misma intenta desactivar admitiendo que su instrucción «pudo ser desacertada». El caso Sofía Puente tiene todos los ingredientes de un culebrón administrativo: una norma con nombre sentimental, la Ley de Nietos, y un requisito que se amplió a posteriori hasta extremos que cuesta leer sin frotarse los ojos.

La discusión pública no va de si la mujer es simpática o antipática. Va de si una directora general del Ministerio de Justicia podía firmar por escrito que se concediera la nacionalidad a descendientes de emigrados de 1830, es decir, 109 años antes del final de la Guerra Civil. Ese es el dato que circula y el que ha convertido un trámite migratorio en un problema político.

Qué se le atribuye y en qué punto está la querella​

Según las informaciones publicadas, Hazte Oír se querelló contra Sofía Puente por prevaricación en relación con la llamada Ley de Nietos. La Fiscalía habría pedido al Supremo que no la investigue, aun reconociendo que era «incompetente» para ampliar la norma. La defensa de la fiscal pasa por intentar anular la querella admitiendo que su instrucción pudo ser desacertada: un movimiento que, en términos jurídicos, se parece bastante a tirar del freno de mano mientras el coche ya está en la cuneta.

Conviene recordar que la prevaricación es un delito difícil de acreditar. No basta con equivocarse; hace falta una resolución arbitraria, consciente y flagrante. La mayoría de las condenas por este tipo penal recaen sobre cargos locales que adjudican contratos a dedo saltándose la ley de contratos. Trasladar ese estándar a una fiscal con formación jurídica es otro nivel de exigencia probatoria.

El requisito que se amplió «a posteriori»​

El núcleo del asunto es técnico y, precisamente por eso, difícil de vender en un titular. Se habría eliminado a posteriori un requisito clave para aplicar la Ley de Nietos, lo que permitió avalar por escrito la concesión de nacionalidad a descendientes de emigrados muy anteriores al conflicto. La cifra que se maneja —1830— no es un detalle menor: sitúa el corte casi en la época de las guerras carlistas.

Hay quien sostiene que se trató de un exceso de celo administrativo; en contra pesa el argumento de que una directora general no firma un cambio de ese calado por despiste. El resultado, en cualquier caso, es que la norma pasó de reparar una memoria familiar a abrir una puerta que nadie había previsto.

El ruido político y la sombra de la familia​

La coincidencia de apellido con el ministro Óscar Puente ha hecho el resto. La conversación se ha partido entre quienes ven una operación de lawfare de manual y quienes apuntan a un patrón de familia instalada en el poder. Ninguna de las dos lecturas resuelve la pregunta relevante: ¿quién autorizó qué, con qué informe y ante quién?

Mientras el Supremo decide si investiga o archiva, el relato ya está escrito en los dos bandos. Y el dato que descoloca no es la querella: es que una fiscal con 30 años de carrera necesite explicar que su instrucción «pudo ser desacertada» para quitarse de encima un procedimiento.