Resumen del debate: Funcionarios holandeses: ¿se les acaba el chollo?

Países Bajos planea reducir un 15% su plantilla pública hasta 2035​

¿Cuánto cuesta un funcionario holandés? Según el plan que el Gobierno de Países Bajos ha empezado a filtrar, lo suficiente como para que eliminar 25.000 puestos de trabajo genere un ahorro de 3.500 millones de euros anuales. La cuenta sale a 140.000 euros por cabeza. Ahí es nada. El ejecutivo justifica el tijeretazo en la eficiencia que traerá la inteligencia artificial y en el trabajo telemático, y lo presenta como una racionalización inevitable: no podemos seguir haciendo lo mismo que hasta ahora.

El detalle que se escapa en los titulares es que Países Bajos tiene una de las deudas públicas más bajas de Europa. No hay urgencia fiscal. Hay una decisión política sobre el tamaño y la forma de la administración, y un país con 19 millones de habitantes que arrastraba 160.000 empleados públicos a finales de 2025, un 41% más que en 2018. El recorte llega después de años de promesas incumplidas de adelgazar la plantilla.

El cálculo de los 140.000 euros por empleado​

La primera grieta aparece en la aritmética. Si se eliminan 25.000 puestos y el ahorro es de 3.500 millones, la media por trabajador se dispara muy por encima del salario base. La explicación más razonable suma costes de estructura: oficinas, suministros, mantenimiento, personal externo. También cabe que el recorte se concentre en los escalafones mejor pagados y no en limpiadores o celadores. Aun así, el número invita a desconfiar de la presentación oficial.

Hay un matiz que cambia el relato: no se trata de un despido masivo. El plan consiste en no reponer las jubilaciones y bajas, y en no crear plazas nuevas, con un horizonte que llega hasta 2035. Es decir, una reducción vegetativa del 16% de la fuerza laboral de la administración central, sin expediente de regulación ni salidas traumáticas. La palabra despido vende más que la palabra amortización.

Por qué la comparación con España no funciona​

Conviene mirar el perímetro antes de sacar conclusiones. En Países Bajos los profesores no son funcionarios: trabajan bajo convenio sectorial para consejos escolares. En España sí lo son, igual que buena parte del personal sanitario y policial. Comparar plantillas totales sin descontar esos colectivos es un ejercicio tramposo que se hace a diario en ambos sentidos.

Con esa cautela, el contraste sigue siendo llamativo. En España la digitalización no ha reducido estructura: la ha acompañado de más contratación. La lógica del puesto estructural que se saca a oposición choca con la práctica de encadenar interinos durante dos décadas, algo que la propia administración reconoce como planificación deficiente. El resultado es un sistema que convierte la temporalidad en derecho adquirido por agotamiento.

La IA como coartada y el miedo real​

El fondo del asunto no es holandés. La automatización va a morder primero en el trabajo de cuello blanco: administrativos, secretarías, gestión de agenda, tramitación. Quien celebra el recorte de empleados públicos por la puerta de atrás debería preguntarse cuánto tarda ese mismo argumento en llegar a su oficina. La tijera no distingue entre plaza en propiedad y contrato privado cuando el proceso se puede automatizar.

La diferencia es cultural y regulatoria. En Países Bajos el empleado despedido se recicla; en España el debate se atasca en la propiedad de la plaza, tratada como licencia de taxi. Mientras tanto, el plan holandés avanza sin disturbios y sin titulares de barricadas. De momento.

Ironía seca: un país sin problema de deuda recorta plantilla por eficiencia, y aquí seguimos discutiendo si el problema es que sobran funcionarios o que faltan oposiciones.