Frente Amplio quiere tocar la pensión según el patrimonio
Bajar la pensión a quien tiene más de un piso para subírsela a quien vive de alquiler. La propuesta que se atribuye a Frente Amplio choca de frente con la arquitectura del sistema contributivo español, donde la prestación se calcula con lo cotizado durante la vida laboral y no con el patrimonio del beneficiario. Ahí está el primer problema: reducirla por tener dos inmuebles exigiría reformar ese principio, y el choque con la jurisprudencia constitucional y con el Pacto de Toledo sería inmediato. Lo que sí existe y ya se aplica es la vía fiscal: gravar más las rentas del alquiler o el patrimonio, que en la práctica produce un efecto parecido sin tocar la nómina del jubilado.
Qué dice exactamente la propuesta y qué se puede hacer ya
El planteamiento que circula tiene dos patas. La primera, reforzar los ingresos de los pensionistas que viven de alquiler para que el coste de la vivienda no les impida vivir con dignidad. La segunda, reducir la pensión de quienes poseen más de una vivienda y destinar esos recursos a los primeros. La primera parte ya existe en pequeño: los perceptores de pensión no contributiva que viven de alquiler y no tienen vivienda en propiedad cobran un complemento anual, de unos pocos cientos de euros al año.
La segunda es la que chirría.
La pensión contributiva se calcula con lo cotizado, no con el patrimonio. Cambiar eso no es un decreto: es una reforma de calado que probablemente chocaría con el Constitucional y con el Pacto de Toledo. La alternativa que los analistas manejan es la fiscal, y en la práctica tiene un efecto parecido.
Cuánto se puede desviar la ayuda al bolsillo del casero
El argumento de que la ayuda acaba en manos del arrendador no es intuición. Se ha estudiado con las ayudas al alquiler en Francia (las APL) y en Reino Unido (el Housing Benefit). Varios estudios encuentran que
una parte importante de la ayuda, entre un tercio y más de la mitad según el caso, se traslada a precios más altos de alquiler, sobre todo donde hay poca oferta. Si todos los inquilinos de un segmento reciben 100 euros más, el casero lo sabe y ajusta.
Con el complemento de las no contributivas el efecto es pequeño, porque son pocos perceptores y cientos de euros al año. Ampliarlo mucho, como sugiere la propuesta, sí abriría ese riesgo.
Quién cobra las no contributivas y por qué el titular simplifica
Las no contributivas son más restrictivas y pequeñas de lo que suele pensarse. Las cobran mayores de 65 años con al menos 10 años de residencia legal en España (dos de ellos justo antes de pedirla) o personas con una discapacidad del 65% o más, y los ingresos propios y del hogar tienen que estar por debajo de un límite muy bajo, revisado cada año.
En torno a 600 euros al mes en 14 pagas para una persona sola sin otros ingresos, y menos si tiene algo. Mucha gente que las cobra sí trabajó, pero no llegó a los 15 años cotizados que exige la contributiva: el caso típico de muchas mujeres mayores que trabajaron en casa o en la economía sumergida de los 60 y 80.
El problema de fondo que nadie discute: 700.000 y subiendo
Más allá del titular, hay una cifra que debería preocupar. Al parecer son unas
700.000 personas las que viven de alquiler en edad de jubilación, de las que unos 200.000 son de renta antigua y otros 150.000 migrantes de primera ola. Los 350.000 españoles que quedan son personas con vida laboral intermitente, quiebras o divorcios tardíos. Entre divorcios, quiebras y la imposibilidad de acceder a la propiedad, hay quien proyecta que esos 700.000 se convertirán en 3.000.000 antes de diez años. A ojo de buen cubero, pero el diagnóstico apunta a un problema gordo, gordísimo, que viene de camino.
La construcción tarda cuatro años desde que se compra el terreno, se piden permisos y se espera a vender. Con esos plazos, la única palanca a corto plazo que queda es la fiscal. Y ahí, de momento, no hay acuerdo.