Resumen del debate: Estoy en la junta extraordinaria de la comunidad de vecinos

Una junta de vecinos, 40 asistentes y 4.500 euros camino del juzgado​

Una junta extraordinaria ha reunido a unas 40 personas con un orden del día que se fue al garete en el primer punto. Sobre la mesa estaba, según el relato de los propios residentes, un coche que un negocio aparca en el garaje comunitario, en medio de las plazas y sin freno de mano, para que los demás lo muevan y puedan salir. Hay una pendiente. El coche acabó rodando y golpeando a otro vehículo estacionado. El resto de la reunión: 4.500 euros en el aire y una guerra abierta contra la administración de fincas.

Se dirá que una comunidad de vecinos es un microcosmos democrático. A las convocatorias anteriores acudían entre 100 y 120 personas. Esta vez, 40. En la junta, algunos vecinos reprocharon al presidente que lleva la comunidad como un cortijo, es decir, sin reglas, y hubo gritos y enfrentamientos.

Qué pasa cuando se aparca sin freno de mano en el garaje comunitario​

El punto uno lleva enquistado meses. Un local comercial alquilado a un tercero usa el garaje de la comunidad como aparcamiento de sus clientes. Los coches se dejan atravesados, bloqueando la salida, y con el freno de mano levantado solo a medias —o nada— para que la gente lo mueva, según el relato de los propios residentes. La pendiente hace el resto y el resultado es una colisión con otro vehículo estacionado.

Hay un segundo frente que ni se llegó a tratar: alguien usando un trastero para actividades que un vecino denuncia como ilegales. Y un tercer frente, este sí discutido a gritos, sobre las cuentas de la comunidad.

4.500 euros por adelantado y una obra que acabó en los tribunales​

El frente económico: la comunidad aprobó el año pasado reparar las cornisas de dos bloques, precisamente los dos donde vive el presidente. Los otros ocho bloques siguen igual. A la empresa contratada —según el relato de un vecino— se le entregaron 4.500 euros por adelantado. Tres meses después no había puesto un ladrillo. Burofax, sin respuesta. Ahora hay un juicio en marcha para recuperar el dinero y una segunda empresa que tendrá que hacer el trabajo desde cero.

Entre los asistentes circula una sospecha más incómoda: que la votación que autorizó la obra se cocinó con amaños. Hay quien asegura haber ganado ya dos demandas a su comunidad precisamente por tejemanejes del administrador, y quien sostiene que este tipo de irregularidades lleva décadas normalizado en juntas a las que casi nadie va.

La auditoría que nadie pide a tiempo​

Aquí es donde el asunto se convierte en economía doméstica de alto voltaje. Hay quien pide una auditoría: ver la contabilidad, el inventario de materiales y en qué se ha gastado cada derrama. El argumento que circula es el de los materiales que desaparecen de las obras comunes y reaparecen en reformas privadas. Ese es que sobró y no lo quería nadie aplicado a 50 litros de pintura.

La morosidad tiene su propio capítulo. Según un participante, las comunidades suelen blindarse con cláusulas de penalización del 10% sobre la cuota impagada y con denuncias con costas. El problema no es cobrar al moroso: es controlar a quien cobra en nombre de todos.

Alquilar, comprar o mudarse a una aldea​

La conversación derivó, como suele, hacia la pregunta de fondo: ¿y por qué seguir viviendo así? Una corriente defiende el alquiler como coartada perfecta. Si la cosa se tuerce, se recoge uno y deja el marrón a otro. El inconveniente, admiten, es que en el mercado actual ese privilegio tiene precio de lujo.

Frente a eso aparece la casa aislada, sin juntas, sin presidentes y sin derramas. Otros avisan de que el paraíso rural se paga en soledad, y uno relata que un amigo criado en una aldea acabó marchándose al llegar a viejo. En el fondo late un desencanto más amplio: la sensación de que el dinero propio se gestiona siempre en mesas ajenas, sea en una comunidad de vecinos o en cualquier otra institución.

¿Y ahora qué?​

Con la obra sin hacer, el dinero en el aire y una administración en el punto de mira, la vía que se impone es la judicial: burofax, demanda y a esperar. La junta sirvió para poco más que para comprobar cuánta gente está harta a la vez. Si la presión aguanta hasta la próxima convocatoria, las cuentas dejarán de ser un documento que nadie lee. Si no, volverán a ser cuarenta personas discutiendo en un salón mientras el coche sigue rodando pendiente abajo.