Resumen del debate: ¿Es la única opción para España votar a Sánchez?

Votar al PSOE para que la corrupción salga con él en el Gobierno​

Hay una tesis que circula con más fuerza de la que parece: la única forma de que los presuntos escándalos que rodean al Gobierno salgan a la luz es que el propio Gobierno siga en pie. No es un chiste. Es el argumento central de una corriente que sostiene que, con el PP y Vox en el poder, el sistema judicial dejaría de funcionar como contrapeso y todo se taparía. La fecha que se maneja para las generales es el 29 de noviembre, y el debate ya no va de programas electorales, sino de quién tiene más que perder si pierde.

El cálculo del voto útil: que gobierne para que caiga​

La lógica es retorcida y por eso engancha. Si el PSOE se mantiene en el Gobierno, los procedimientos judiciales en curso siguen su curso: los jueces que instruyen los casos relacionados con el entorno del presidente pueden seguir tirando del hilo. Si el PP y Vox llegan a La Moncloa, la tesis dominante en este sector es que el Tribunal Supremo pediría el suplicatorio al Congreso para investigar al presidente, y que el PP se lo concedería. Es decir: la única vía realista para que un expresidente se siente en el banquillo pasa por que antes haya perdido el poder. Paradójicamente, votar al PSOE sería la forma de acelerar su caída.

Hay quien lo formula sin rodeos: que apecugue, que se quede, que salga toda la información mientras siga en el cargo. La moción no es de apoyo, es de desgaste controlado. Y el cálculo electoral que se hace es que, si el PSOE gana con sus socios, no llega vivo al otoño de 2028, y entonces sí que no pasa de 50 escaños en las dos décadas siguientes.

El sistema judicial como último contrapeso​

Aquí está el nudo del asunto. La instrucción de los casos relacionados con el entorno presidencial depende de juzgados concretos y de magistrados que, hasta ahora, han sido el único freno real. La preocupación que recorre el análisis es que una victoria de la derecha permita reformar la cúpula judicial y enterrar los procedimientos. No es una hipótesis descabellada: los nombramientos de las altas instancias son competencia política y cualquier Gobierno con mayoría suficiente puede intentarlo.

El contraargumento es igual de sólido: si el PSOE sigue en el poder, también puede intentarlo. La diferencia, según esta corriente, es que con el PSOE en el Gobierno los jueces que ya están instruyendo no reciben la orden de parar, porque el Ejecutivo no controla directamente a los instructores. Con el PP, el mecanismo sería más rápido y más limpio.

El precio de la jugada: qué pasa si sale mal​

El riesgo es evidente. Votar a un partido para que se desgaste en el poder es jugar con fuego. Si el PSOE aguanta, la legislatura se convierte en un polvorín de comparecencias, filtraciones y procedimientos cruzados. Si cae, el escenario que se abre es el contrario: los casos se archivan, las instrucciones se ralentizan y la sensación de impunidad se consolida.

La otra pata del argumento es la calle. Hay quien sostiene que la movilización social es imprescindible para que la presión no decaiga, y que sin ella el desgaste parlamentario se queda en nada. La fecha del 29 de noviembre funciona como catalizador: todo lo que no ocurra antes, ocurrirá después.

El factor Ayuso y el cálculo del PP​

En medio del laberinto, aparece una hipótesis que descoloca: si el PP presentara a Isabel Díaz Ayuso como candidata a La Moncloa, el PSOE lo tendría más fácil. La presidenta madrileña genera rechazo en amplias capas del electorado fuera de Madrid, y su figura moviliza tanto al votante propio como al contrario. Desde esta óptica, el PP cometería un error estratégico al quemar su carta más movilizadora en el conjunto de España.

El análisis no es unánime. Hay quien considera que Ayuso es precisamente la única capaz de ilusionar a un electorado desencantado con la gestión de Feijóo, y que su tirón en Madrid es extrapolable. La discusión sigue abierta.

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El punto exacto donde el análisis se atasca es este: no hay forma de saber si el desgaste controlado funciona o si, por el contrario, consolida al Gobierno en el poder. La apuesta es arriesgada, y los que la defienden lo saben. La única certeza es que el 29 de noviembre se acerca y que, gane quien gane, los procedimientos judiciales seguirán su curso. O no.