El PSOE derogó las rentas antiguas que ahora se reivindican
En el debate se sostiene que el mismo partido que eliminó el régimen de rentas antiguas heredado del franquismo es hoy el que promete blindar al inquilino frente al desahucio. Según un participante, el
decreto Boyer de 1985 y la posterior
LAU de 1994 —ambas con gobiernos socialistas— desmontaron la prórroga forzosa y la subrogación que protegían al arrendatario de renta vieja. Cuatro décadas después, el relato oficial reivindica justo lo contrario.
Según ese mismo participante, con las normas que el PSOE derogó,
Mari Carmen no habría sido desahuciada. Lo que empujó a la calle a esa inquilina no fue el franquismo, sino la arquitectura legal que vino después. Quien grita «ya están aquí los antifascistas» a las puertas de su casa estaría pidiendo, sin saberlo, volver a un marco que un gobierno socialista enterró.
Qué cambió el decreto Boyer en el mercado del alquiler
El
decreto Boyer de 1985 eliminó la prórroga forzosa para los contratos nuevos y liberó la actualización de rentas. La
LAU de 1994 remató la faena: subrogación limitada, plazos más cortos y un mercado que empezó a moverse por precio. El resultado, cuatro décadas después, es un parque de alquiler más flexible y también más caro. Nadie discute ya que aquello cambió el tablero.
Hay quien sostiene que sin esa liberalización no existiría oferta suficiente y que volver a las rentas antiguas congelaría el mercado. En contra pesa el argumento de que la desregulación convirtió la vivienda en activo financiero y expulsó al inquilino de renta media. Ambas cosas son ciertas a la vez, y ahí está el nudo.
El PSOE derogó el agravante de desprecio de sexo antes de la ley de violencia de género
Según un participante, el PSOE derogó el agravante penal de desprecio de sexo que existía durante el franquismo y después promulgó la ley de violencia de género. Primero se desmonta el instrumento heredado, luego se legisla uno nuevo con otro nombre. La secuencia no es casual: es una forma de gobernar que reescribe el pasado para justificar el presente.
La pregunta que sobrevuela es si el nuevo marco protege más o solo cambia de dueño. Los datos de oferta y precio apuntan a que el problema no se ha resuelto. La norma cambia, el desahucio sigue.
Quién paga el relato de la okupación y las rentas viejas
En el fondo del asunto late un conflicto de clase que el lenguaje político disfraza. Según un participante, la
beautiful people de los años ochenta —socioliberales con permiso para forrarse en plena crisis— diseñó un marco que hoy se vuelve contra sus propios votantes. La candidata socialista en Granada con
18 inmuebles y un discurso de «clase media» es la foto fija de esa tensión.
El cálculo completo de cuánto ha subido el alquiler desde la desregulación, desglosado por décadas, da una diferencia que sorprende. Pero eso ya es otra historia.
Con estos mimbres, lo previsible es que el PSOE siga vendiendo protección al inquilino mientras carga contra el casero. Que el marco resultante baje el precio o lo suba, está por ver. La hemeroteca, eso sí, ya tiene veredicto.