Resumen del debate: Es inaceptable que el Ministro siga en el cargo un día más: debe dimitir

Dos siniestros, más de cien muertos y un ministro que sigue en el sillón​

Dos accidentes ferroviarios en nueve meses. Más de cien víctimas mortales. Y el mismo ministro de Transportes, que no se mueve. La exigencia de dimisión no es un arrebato de redes: es la constatación de que la responsabilidad política, la que no requiere sentencia judicial, ha quedado suspendida en España. En cualquier democracia del entorno, el titular del departamento habría presentado su renuncia o el presidente lo habría cesado. Aquí, la discusión se ha desplazado a si hay delito, como si la política no tuviera su propio tribunal.

La respuesta del poder ha sido la de siempre: prietas las filas y confiar en que el ruido se lo lleve el siguiente partido de fútbol. La teoría del olvido rápido —dos semanas y la opinión pública mira a otra parte— circula sin pudor. El cálculo es frío: resistir el pico de presión y dejar que el ciclo informativo haga el resto. Mientras, el ministro se aferra al cargo con la misma convicción con la que se postulaba para la sucesión.

La responsabilidad política que nadie quiere asumir​

El argumento central no admite muchas vueltas: la dimisión no es una confesión de culpa penal. Es un acto de responsabilidad sobre lo que ocurre bajo el paraguas de un ministerio. Bajo el mandato del actual titular se han producido dos siniestros de una gravedad extrema, con un balance que supera el centenar de fallecidos. Que no dimita convierte la responsabilidad política en un adorno retórico.

Hay quien va más allá y sostiene que el problema no es solo la dimisión, sino la falta de investigación judicial sobre la gestión. La exigencia de responsabilidad penal, en cambio, requiere supuestos que no están automáticamente ligados al cargo. La línea divisoria entre lo político y lo judicial se difumina cuando el poder no ofrece ninguna de las dos respuestas.

El cálculo electoral y la sucesión frustrada​

No todo es altruismo en la petición de cese. El ministro era percibido como cercano al presidente y postulado para la sucesión. Eso le ha granjeado enemigos internos que ahora ven la ocasión de merendárselo. La dimisión, si llega, no será solo una respuesta a la presión social: será también el ajuste de cuentas de una carrera política que se apaga.

La pregunta que sobrevuela es si el presidente lo sostendrá hasta el final o si una llamada a primera hora de la tarde resolverá el entuerto. La hipótesis de que la dimisión se anuncie en cuestión de horas ha circulado con insistencia. También la contraria: que no hay vergüenza suficiente para dar ese paso.

El relato del olvido y la impunidad del cargo​

La estrategia de la paciencia tiene un nombre: aguantar. Dos semanas y la atención se desplaza al deporte o al vestido de la presentadora de turno. Es el manual de la política-espectáculo. El problema es que los muertos no se olvidan con la misma facilidad que un resultado de fútbol.

La comparación con otros países occidentales —e incluso orientales— se repite: allí el ministro habría dimitido por su propio pie o tras una llamada del presidente. Aquí, la partidocracia y la erosión de los valores morales se citan como explicación de fondo. La responsabilidad política es indudable; la penal, discutible. Pero la primera es la que está en juego.

¿Cuántos cadáveres más hacen falta para que la política española recupere el sentido de la responsabilidad?