Resumen del debate: El TS elimina el requisito de no tener antecedentes penales para permisos de residencia a extranjeros familia de españoles

El Supremo tumba el veto automático por antecedentes a familiares de españoles​

El Tribunal Supremo ha avalado en su arquitectura general el Reglamento de Extranjería vigente desde mayo de 2025, pero ha declarado nulos nueve incisos y un artículo completo. Entre los preceptos anulados están los artículos 97.4 y 98.1, que establecían la denegación automática de un permiso temporal de residencia de cinco años a los extranjeros con antecedentes penales que sean familiares directos de ciudadanos españoles: cónyuges o parejas estables, hijos y ascendientes en primer grado, entre otros. La paradoja es fina: la norma que más titulares ha generado no impide valorar los antecedentes, solo prohíbe que basten por sí solos para excluir a nadie.

Qué cambia exactamente para los familiares de españoles​

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con ponencia del magistrado Carlos Lesmes, estima en parte los recursos de la Asociación Coordinadora de Barrios, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Extranjeristas en Red. Lo que tumba el tribunal es que la existencia de antecedentes penales opere como causa automática de denegación. La autoridad competente «está obligada a verificar si esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad», dice la sentencia.

En la práctica, Extranjería deberá ponderar la naturaleza y gravedad de los delitos, el tiempo transcurrido, la conducta posterior del interesado, la solidez de sus vínculos con España y el interés superior de los hijos menores. El fallo conecta esta exigencia con el Tratado de Funcionamiento de la UE: el Reglamento, al no establecer un mecanismo de ponderación individualizada cuando la denegación afecta a ciudadanos españoles cuyo derecho a la ciudadanía de la Unión pueda verse comprometido, vulnera la norma europea. Traducido: no se regala la residencia, se obliga a motivar caso por caso.

Menores: matrimonio forzado, salidas justificadas y tutelas extranjeras​

El Supremo anula varias normas que afectaban a menores extranjeros. Considera contrario al interés superior del menor impedir el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el mero hecho de que el menor esté casado, una restricción que podía perjudicar precisamente a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como las víctimas de matrimonios forzados. También caen las restricciones que perjudicaban a menores nacidos en España cuando hubieran realizado salidas justificadas del territorio nacional.

Además, declara ilegal una previsión reglamentaria que suavizaba la obligación de las Administraciones de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados localizados en territorio español. La sentencia recuerda que dicha atención constituye una obligación legal incondicionada. Y anula las normas que exigían que determinadas relaciones de tutela o protección de menores hubieran sido constituidas conforme al Derecho español: España está obligada a reconocer las medidas de protección acordadas por autoridades de otros Estados cuando así lo establecen los convenios internacionales.

ETT y temporeros: el reglamento no puede prohibir lo que la ley permite​

El alto tribunal declara nula la prohibición impuesta a las empresas de trabajo temporal de participar en la contratación de trabajadores extranjeros para actividades de temporada. El Gobierno introdujo esa limitación sin cobertura legal suficiente y sin justificar adecuadamente las razones de interés general, según la Sala. Las autorizaciones de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada habilitan a trabajar un máximo de nueve meses por año natural, en contratos de hasta cuatro años de duración total, y se conceden con carácter general para un único empleador.

Ni la Ley de Empresas de Trabajo Temporal ni el Estatuto de los Trabajadores contienen previsión alguna que excluya a las ETT de celebrar contratos con trabajadores extranjeros para actividades de temporada ni que les impida ser titulares de las correspondientes autorizaciones. Esa prohibición no puede establecerse ex novo por un Reglamento.

Asilo, visados y el artículo que cae entero​

El Supremo respalda la decisión del Gobierno de impedir que los solicitantes de protección internacional accedan simultáneamente a las autorizaciones de arraigo mientras su solicitud de asilo siga pendiente, y confirma que el tiempo transcurrido en España como solicitante de asilo no computa para acreditar el período exigido en determinadas modalidades de arraigo. Valida en líneas generales el nuevo sistema para familiares de ciudadanos españoles y rechaza que exista obligación de equiparar completamente este régimen al de los familiares de comunitarios que han ejercido la libre circulación.

El único artículo declarado nulo en su integridad es el 197.2, que imponía a determinados extranjeros la obligación de relacionarse exclusivamente por vía electrónica con la Administración. El Reglamento no justifica suficientemente que todos los afectados dispusieran de los medios y capacidades necesarios para utilizar obligatoriamente los procedimientos telemáticos.

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La sentencia deja un reglamento más estrecho en los automatismos y más ancho en la discrecionalidad administrativa. ¿Cuántos expedientes estaban ya resueltos con el criterio que ahora se anula?