Resumen del debate: El Supremo da un golpe de estado y quita el derecho a voto definitivamente a miles de personas >:(

El Supremo mantiene sin voto a 163.020 nacionalizados por la ley de nietos​

El Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que los descendientes del exilio nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática pudieran votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que el derecho de sufragio «no es un derecho de carácter absoluto» y está «supeditado a intereses generales», entre ellos preservar la veracidad del censo electoral, que «debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano». La decisión afecta a 163.020 personas, según los últimos datos aportados por el Gobierno al Supremo.

Un censo cerrado el 1 de agosto que no se puede tocar​

El censo válido para el 29-N es el cerrado a 1 de agosto de 2026. Conforme al artículo 39.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), el censo debía estar disponible desde el lunes 12 de octubre para que ayuntamientos y consulados lo expusieran a consulta pública durante ocho días. Las reclamaciones debían resolverse antes del 23 de octubre, fecha de la publicación definitiva. A partir de ahí, el censo es inamovible. La dirección general de Asuntos Consulares ya había advertido en un escrito incorporado al procedimiento de que era «materialmente imposible» distinguir entre nacionalizados por la ley y por la instrucción antes del 1 de enero de 2027, fecha que marca el censo para las autonómicas y municipales de mayo.

La Abogacía del Estado argumentó que, en la ponderación de intereses, «ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar». Y advirtió: «Con los plazos indicados de la LOREG, el esquema de suspensión, revisión y recuperación de los efectos electorales deviene imposible y el efecto es la privación plena del derecho de sufragio activo con carácter irreversible».

El voto particular de una magistrada: «lesión irreversible»​

La decisión se adoptó por cinco votos frente a uno. La magistrada Alicia Millán suscribió un voto particular en el que aduce el adelanto electoral como «elemento nuevo y decisivo» que convierte en «irreversible» la eventual «lesión del derecho de sufragio de los afectados». «En tales circunstancias, la preservación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política debía prevalecer sobre el mantenimiento de una medida provisional sustentada en una controversia jurídica todavía pendiente de resolución definitiva», defiende. El Supremo notificó su decisión en plena festividad del 12 de octubre, tras cerrar la deliberación durante el fin de semana, algo inusual.

Nacionalidad por ley de nietos: el origen del conflicto​

La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual. La instrucción del Ministerio de Justicia presupone la condición de exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El Supremo reclamó en septiembre a la Junta Electoral Central que ordenara el desglose de las personas nacionalizadas bajo el paraguas de la ley o de la instrucción, al entender que esta norma no se ajusta a la ley. Los jueces establecieron que la suspensión del voto solo debía afectar a los nacionalizados al amparo de la instrucción. Pero la dirección general de Asuntos Consulares advirtió de que era «materialmente imposible» hacer esa distinción antes del 1 de enero de 2027.

Las reacciones: de la defensa del derecho al voto a la sospecha de fraude​

La decisión ha provocado reacciones encontradas. Hay quien sostiene que se trata de una vulneración de un derecho fundamental: «Porque es una persona, porque tiene derechos, porque tiene DERECHO A VOTAR. Justamente lo que Franco les quitó a sus padres y madres, abuelos y abuelas», señala un participante. En el lado opuesto, se argumenta que no se pueden celebrar unas elecciones con un censo sin validar: «Es increíble que haya gente convencida de que se pueden celebrar unas elecciones con un censo sin validar. No, no se puede, como es obvio». Otra corriente señala directamente un presunto fraude: «El Supremo acaba de devolver la democracia a este país», llega a decir un mensaje. Y hay quien ve una maniobra para inflar el censo: «No van a tocar ni una coma del censo... ese inflado del censo les permitirá colar más votos fraudulentos».

El argumento de la residencia y la doble nacionalidad​

Una parte del debate se centra en la residencia efectiva. «No veo que una persona que no reside en España y ni siquiera sabemos si tiene la nacionalidad española, pueda votar por un representante para los ciudadanos españoles», sostiene un participante. Otro añade: «Si resides en España, trabajas en España y obtienes la nacionalidad de España, entonces sí puedes votar. Para eso hay leyes». La cuestión de la doble nacionalidad también aparece: «Debería estar prohibida la doble nacionalidad. El extranjero que opta a la nacionalidad española debería renunciar a la de su país de origen y el español que obtiene la de otro país debería automáticamente perder la española». Frente a esto, se recuerda que muchos descendientes de exiliados nunca pisaron España: «¿Por qué puede votar un tío que ni siquiera sabe dónde está España?», se pregunta con retintín.

El calendario electoral y la sombra del 29-N​

El adelanto electoral del 29 de noviembre precipitó todo. La suspensión cautelar del voto se adoptó el 8 de septiembre, cuando no había elecciones convocadas, a petición de Iustitia Europa y Vox. Con la convocatoria, el escenario se complicó. El Supremo ordenó publicar su decisión en el Tablón Edictal Judicial Único y en el BOE «con la mayor urgencia» para que los afectados puedan personarse, con cinco días de plazo para presentar alegaciones. La magistrada discrepante lo veía claro: la convocatoria electoral convirtió en irreversible la lesión del derecho de sufragio. El resto de la sala optó por preservar la veracidad del censo. Con estos mimbres, el 29-N se acerca y 163.020 personas siguen sin poder votar.

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Datos clave

• 163.020 personas afectadas por la suspensión del voto, según datos del Gobierno al Supremo.
• 1 de agosto de 2026: fecha de cierre del censo válido para el 29-N.
• 8 de septiembre: fecha en que se adoptó la suspensión cautelar, sin elecciones convocadas.
• 12 de octubre: notificación del Supremo en plena festividad.
• 23 de octubre: fecha límite para resolver reclamaciones y publicar el censo definitivo.
• 1 de enero de 2027: fecha que marca el censo para las autonómicas y municipales de mayo.