Resumen del debate: El Gobierno quiere dejar resuelta el alza salarial del 4,5% a los funcionarios antes de las elecciones

El Gobierno busca aprobar la subida del 4,5% a funcionarios antes del 29N​

¿De qué sirve un 4,5% cuando la inflación corre al 5%? Esa es la pregunta que sobrevuela el anuncio del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha prometido hacer «todo lo posible» para dejar encarrilada la subida salarial de 3,5 millones de empleados públicos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El alza corresponde a 2027 y 2028, ya pactada con los sindicatos, pero pendiente de materializarse por decreto. El calendario no es casual: el Ejecutivo quiere cerrar el acuerdo retributivo antes de que las urnas dicten sentencia.

El 4,5% que se queda en menos por el IRPF y el IPC​

El acuerdo contempla un 4,5% para 2027, al que se suma un 0,5% ligado a la inflación de 2026. Sobre el papel, la subida parece generosa. En la práctica, el cálculo se desinfla. Según un cálculo que circula entre los participantes en el debate, ese 4,5% tributa al tipo marginal del IRPF, de modo que Hacienda recupera cerca del 38% de lo ingresado. La subida neta se quedaría en torno al 2,79%, muy por debajo del 5% de inflación estimado. El resultado sería una pérdida de poder adquisitivo que el incremento nominal no compensa.

La secuencia de los últimos años refuerza esa sensación. En 2026 se pactó un 2% cuando el IPC escalaba al 5%, con una cláusula que añadía solo un 0,5% si la inflación superaba el 1,5%. Es decir, un 2% final frente a un 5% real. La pérdida acumulada se arrastra año tras año, y el nuevo acuerdo no rompe la dinámica.

El calendario electoral marca el ritmo de la subida​

La ejecución de las subidas ha bailado al son del calendario político. En 2025, la revalorización se cobró con atrasos en diciembre, después de meses de sueldo congelado. En 2026, algunos empleados públicos no vieron el incremento hasta julio. Para 2027, el Gobierno quiere que el real decreto esté listo antes del 29 de noviembre, con efectos desde enero. Hay quien sostiene que se trata de una medida electoralista: se acelera lo que conviene antes de votar y se deja lo demás para después.

Hay quien sostiene que el verdadero objetivo es comprar el voto de los empleados públicos con una subida que, en términos reales, no recupera lo perdido. Otros recuerdan que los sindicatos UGT y CCOO pactaron esas condiciones y que su capacidad de negociación ha sido limitada. La discusión sobre si el acuerdo es suficiente o un simple parche se solapa con la desconfianza hacia el Ejecutivo.

La inflación se come el aumento y la dignidad no se negocia​

Entre los funcionarios hay división. Algunos consideran que la subida es una limosna y que su dignidad no se compra con un 4,5% que ni siquiera iguala el IPC. Otros, en cambio, admiten que, ante la alternativa de un gobierno que promete recortes drásticos, prefieren asegurar lo pactado. La frase «el país se va a la mierda, pero es la mejor opción si se mira para uno mismo» resume ese pragmatismo incómodo.

El debate de fondo es si estas subidas responden a una política retributiva seria o a una operación de imagen antes de las elecciones. Con los presupuestos prorrogados y la incertidumbre sobre Muface, los empleados públicos afrontan el año con el sueldo congelado y la promesa de una subida que llegará, si llega, con retraso y mermada por Hacienda.

Al final, la pregunta no es si el Gobierno cumple su palabra, sino si un 4,5% que se queda en la mitad después de impuestos y que corre por detrás de la inflación sirve para algo más que para maquillar un dato antes de las urnas. La respuesta, como casi siempre, la dará la cesta de la compra.