El hilo se enzarza con el número de empleados y el origen del gasto

El hilo se enzarza con el número de empleados y el origen del gasto​

La conversación sobre los vales de comida del Defensor del Pueblo deriva hacia la estructura de la institución. Varios mensajes ponen el foco en los 180 empleados y en los 23 millones de euros anuales de presupuesto. La disputa ya no es solo la cifra del gasto, sino para qué sirve una plantilla de ese tamaño en un organismo sin poder ejecutivo.

Qué se ha sabido​

En este tramo no aparecen datos nuevos verificados, pero sí se enlazan dos fuentes. Un usuario comparte una noticia de Infobae de 2023 que cifra en 185.000 euros el pago en cheques comida para 2024. Otro enlaza una información de El Mundo sobre la actividad del defensor en el contexto electoral. Además, se cuela un tuit sin identificar que aviva la polémica. Los mensajes repiten la cifra de 180 empleados y los 23 millones de presupuesto anual, aunque no se aporta documentación nueva sobre el gasto en restaurantes.

Dónde está la bronca​

La discusión se divide en tres frentes. El primero es el tamaño de la institución. Varios foreros consideran desproporcionado que el Defensor del Pueblo tenga 180 trabajadores. «Casi 200 empleados y 23 millones de euros anuales, que se van casi en su totalidad en sueldos y dietas, para un organismo que no pinta una mierda», escribe PepeRaptor. cuartosinascensor se pregunta: «De verdad se necesitan 180 trabajadores? Yo creia que el defensor del pueblo era una persona y 4 o 5 secretarias». GarciaBarbon añade que existen defensores autonómicos, lo que multiplica la plantilla.

El segundo frente es la naturaleza del gasto. Despotricador matiza que el titular no da lo que promete: «Dice que son vales de comida para los trabajadores. Que no es lo mismo que se lo haya zampado él». Y señala una desigualdad: «hay un montonazo de funcionarios que no tienen vales de comida por hacer tardes». Guanotopía entra al detalle del importe: «Lo normal es que se pague 11€ por día, que a ver dónde encuentras menús de 11€, y son 250 días laborables. Si esas son las cuentas, les dan 5€». Más tarde corrige: «Llevo años cobrando más de eso, y trabajando en remoto. Lo normal son 11€ porque es lo exento de irpf, que no te da ni para menú del día, y a 250 laborables son 2750€ al año. Se puede criticar por qué se lo dan, pero la cantidad por persona es poco».

El tercer frente es político. Pura Sangre compara el caso con las tarjetas black: «Rodrigo Rato fue a la cárcel por las tarjetas black... y lo de Gabilondo ni saldrá en los telediarios». Artedi enlaza la noticia de El Mundo para sostener que el defensor actúa por indicación del Gobierno. En el lado contrario, Polo_00 afirma: «Le conozco desde hace casi 30 años. La ideologia política me da igual. Pero sé que es un bulo». Y Karl Konrad Koreander duda del gasto excesivo: «dudo mucho que teniendo una hermana misionera este señor malgaste dinero en comer». Pollepolle descalifica la fuente: «Noticia de libertad digital jajajajaja».

Qué cambia respecto a antes​

El debate sobre el cálculo individual pierde fuelle y se desplaza a la estructura de la institución y a la comparación con otros organismos. La cifra de 1.280 euros por empleado que se discutía antes queda aparcada; ahora se discute si el número de trabajadores es excesivo y si el gasto en vales es una dieta o una comida. También entra con fuerza la sospecha de que el titular sea un bulo, con un forero que dice conocer personalmente al defensor. La conversación se encona con acusaciones de manipulación informativa y comparaciones con casos de corrupción.

El cálculo que reabre el debate​

Guanotopía aporta una interpretación distinta del gasto: los 11 euros por día serían el importe exento de IRPF, no el coste real de un menú. Según su cuenta, 250 días laborables arrojan 2.750 euros al año por persona, una cifra que considera baja. «Se puede criticar por qué se lo dan, pero la cantidad por persona es poco», concluye. La intervención desplaza la discusión desde el total del gasto hacia la cuantía individual y su tratamiento fiscal.