Resumen del debate: El "defensor" del pueblo gasta medio millón de euros en dos años en restaurantes

Medio millón en vales de comida: el Defensor del Pueblo y su plantilla​

¿Cuánto cuesta comer en la institución que debe protegernos? El Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo, ha gastado cerca de medio millón de euros en vales de restaurante en dos años, según la información que ha circulado estos días. El dato, puesto en solitario, dispara las alarmas: casi 700 euros diarios en comidas. La cifra parece de banquete permanente. No lo es tanto cuando se desglosa.

La clave está en quién come. Los vales no son un privilegio del Defensor, sino una prestación para la plantilla de la institución, compuesta por unos 180 trabajadores. El importe individual ronda los 11 euros por jornada para quienes trabajan en turno de tarde, y quedan excluidos los altos cargos. Con esa cuantía, el menú del día es la opción más realista, no el caviar.

Qué son los vales de comida del Defensor del Pueblo​

La mecánica es sencilla: la institución entrega cheques o tarjetas de comida a su personal para cubrir la manutención en horario laboral. Es un sistema habitual en empresas públicas y privadas, y aquí el beneficiario es la plantilla, no el director. El cálculo que circula de 685 euros diarios surge de dividir el total entre los días del calendario, sin descontar fines de semana, festivos ni vacaciones. Un ejercicio aritmético que infla la percepción del gasto.

El medio millón corresponde a dos años, no a uno. Es decir, el desembolso anual ronda los 250.000 euros para toda la estructura. Repartido entre 180 empleados, la cifra por cabeza y año se aleja bastante de la imagen del monóculo y el puro encendido con billetes de 500.

El cálculo que dispara la polémica y el que la desmonta​

El primer titular que circuló hablaba de 685 euros diarios. Un cálculo que, como señala el análisis más detallado, incluye todos los días del año. Si se ajusta a los días efectivos de trabajo y se divide entre la plantilla, el gasto por persona y jornada se queda en esos 11 euros de media. La diferencia entre un dato y otro no es menor: es la distancia entre un escándalo de lujo y una dieta de menú del día.

Aun así, el gasto existe y se paga con dinero público. Ahí entra el debate de fondo: ¿tiene sentido que una institución con 180 empleados y un presupuesto de 23 millones anuales dedique una partida a vales de restaurante? Para unos, es una práctica normal de recursos humanos. Para otros, es un ejemplo más de cómo se estira la administración.

El debate sobre la utilidad real del Defensor del Pueblo​

Más allá de los vales, la conversación ha derivado hacia la propia institución. Hay quien sostiene que el Defensor del Pueblo es una suerte de retiro dorado para figuras políticas, sin competencias ejecutivas ni capacidad real de intervención. Otros recuerdan que su función es supervisar a la administración y que, aunque sus resoluciones no sean vinculantes, su labor de denuncia tiene valor.

El nombramiento de Gabilondo, exministro de Educación, alimenta esa sospecha de sinecura. La comparación con otros casos de gastos institucionales, como las tarjetas opacas que llevaron a prisión a un exdirectivo de Caja Madrid, aparece inevitablemente en la conversación. La diferencia, aquí, es que el gasto es una prestación reglada y no un uso irregular.

Cuánto cuesta la estructura del Defensor del Pueblo​

La institución maneja un presupuesto cercano a los 23 millones de euros anuales, según los datos que se han manejado en la discusión. La mayor parte se va en sueldos y dietas de una plantilla que ronda los 180 trabajadores. La pregunta que sobrevuela es si ese tamaño es proporcional a la utilidad percibida por el ciudadano.

El valedor del pueblo no tiene poder ejecutivo. Sus informes no obligan. Su capacidad de influir depende de la presión mediática y política. Con ese perfil, la estructura de 180 personas y un gasto en restauración de medio millón en dos años se convierte en un blanco fácil para la crítica.

La trastienda política del gasto institucional​

El asunto ha llegado en un momento de tensión política, con el foco puesto en el gasto público y en la transparencia de las instituciones. La oposición ha encontrado en este dato un argumento recurrente: si se recorta en sanidad o educación, ¿por qué no en los vales de restaurante de un organismo que muchos consideran prescindible?

La defensa oficial se apoya en la normalidad de la medida: es una prestación laboral más, como las que tienen millones de trabajadores en España. El problema es de encuadre. Un vale de comida para un funcionario no es noticia. Un vale de comida para el Defensor del Pueblo, con su nombre en el titular, sí. Y ahí la institución pierde la batalla del relato.

Al final, la pregunta no es si 11 euros dan para caviar. Es si el Defensor del Pueblo necesita 180 empleados y medio millón en restaurantes para defender a un pueblo que, en la mayoría de los casos, no sabe exactamente qué hace su defensor.