El hilo pasa del cupo a Cáritas y los servicios sociales

El hilo pasa del cupo a Cáritas y los servicios sociales​

Ya no es el cupo ni la cifra. En este tramo el hilo cambia de diana y apunta a las entidades sociales. Las trabajadoras sociales y Cáritas pasan de ser quienes tramitan la ayuda a quienes deciden a quién se le da, en medio de relatos personales y alguna sospecha sin pruebas. El desahucio de Sansomendi sigue de fondo, pero el foco se ha movido.

Qué se ha sabido​

Aquí no entran documentos nuevos: entran testimonios. Varios foreros cuentan experiencias propias con servicios sociales y con entidades del tercer sector. Una participante relata que, al preguntar por ayudas al terminar sus estudios, un trabajador social le respondió que no tenía «pinta de marginal» y que, siendo licenciada, no era vulnerable. La misma cuenta que a una persona con discapacidad que cobraba poco no le informaron del banco de alimentos. Otra dice haber oído en una oficina de Cáritas que se da «PREFERENCIA a las inmigrantes» en una bolsa de empleo de limpieza y cuidado de ancianos, con el argumento de que están solas aquí. Y una tercera menciona que en una oficina de Cruz Roja solo buscan trabajo a inmigrantes.

También aparece un caso que ocupa varios mensajes: una mujer española que vivía de alquiler con unas compatriotas colombianas y a la que echaron por no querer figurar en un matrimonio para dar papeles. Los que la leen discrepan: unos dudan del relato, otros apuntan a un alquiler sin contrato como explicación y otro recuerda que sin empadronamiento es difícil cobrar según qué cosas. A mediados del tramo alguien deja claro lo obvio del caso de Vitoria: sí se les ofreció alojamiento y lo rechazaron.

Sobre la vivienda municipal, un mensaje apunta que uno de los hijos mayores sale en entrevistas y deduce, sin pruebas, que no trabajará para no perder ingresos en la unidad familiar.

Dónde está la bronca​

El choque se divide en dos. Por un lado, quienes sostienen que las entidades benéficas y los servicios sociales reparten mal y esconden información: la sospecha se generaliza al colectivo y se cruza con nombres de organizaciones concretas. Por otro, la discusión interna sobre si esos relatos se sostienen o son casos aislados a los que les falta la mitad. Ahí entra una réplica que pide pruebas antes de dar por bueno un relato y otra que explica que una trabajadora social simplemente cumple las reglas que le dan.

El segundo frente es el de siempre, el de la supuesta eficiencia de quien cobra sin trabajar frente a quien cotiza. Un participante lo plantea como cálculo irónico, con la productividad dividida entre cero horas, y el resto lo deja pasar: alguien le responde con un «buena ironía» y se acabó.

Y el tercero: la iglesia. Cáritas y unas monjas de pueblo, a las que se acusa de llevar comida a domicilio a familias migrantes mientras una vecina recoge de la basura lo que se tira. La acusación va a una organización, no a personas con nombre.

Qué cambia respecto a antes​

Se abandona el desglose de la cifra y el cupo como eje. El objetivo ahora son las ONG y los servicios sociales, y el hilo pasa de discutir cuánto cobran a discutir quién decide. También cambia el tono de algún participante: quien empezó con una historia concreta acaba pidiendo que se pruebe, o al menos que no se dé por cierta sin más.

Lo que predice el personal​

Nadie lanza una fecha cerrada. Un mensaje avisa de que quedan «10 años máximo» antes de que la situación sea insostenible, sin explicar de dónde sale el cálculo. Otro sospecha que la historia contada se vuelve a contar mal en otra parte del foro. Predicción sin plazo y sin prueba.