Resumen del debate: El Ayuntamiento de Vitoria descarta dar un piso a la familia desahuciada al recibir ayudas de «2.450 euros» y rechazar recursos.

Vitoria descarta realojar a la familia que cobra 2.454 euros en ayudas​

Un propietario lleva cinco años esperando. Vive de alquiler en una habitación con su mujer embarazada y su hijo, ha sido declarado vulnerable social y económicamente, y litiga desde 2021 contra la familia que ocupa su piso en el barrio de Sansomendi. Este viernes se ejecuta el lanzamiento judicial. El Ayuntamiento de Vitoria ha descartado la adjudicación directa o extraordinaria de una vivienda a los desahuciados, según un informe municipal al que ha tenido acceso El Correo. El motivo cabe en una línea: perciben 2.454,18 euros mensuales en ayudas públicas y rechazaron firmar la notificación de un piso de acogida.

La unidad familiar suma seis menores a su cargo. Servicios Sociales sostiene que no hay emergencia sobrevenida: los afectados sabían desde octubre de 2019 que el dueño no renovaría el alquiler por uso personal. Tampoco siguieron las pautas de inserción laboral ni la búsqueda de vivienda en otros municipios que les marcaron los técnicos. Y el pasado verano se fueron 38 días de vacaciones a su país de origen, un viaje que penalizó su prestación en 354,74 euros e interrumpió la búsqueda activa de empleo.

De dónde salen los 2.454 euros mensuales​

El informe desglosa la nómina pública: Ingreso Mínimo Vital, Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Económica de Vivienda y complementos a la infancia. A eso se añaden ayudas de emergencia y el Banco de Alimentos. Con esas cifras sobre la mesa, el Ayuntamiento concluye que la familia tiene ingresos suficientes para costearse una alternativa temporal por sus propios medios. Si en el momento del desalojo se aprecia necesidad extrema, se valorará su ingreso en el Centro Municipal de Urgencia Social.

El comunicado del Gabinete de Maider Etxebarria insiste en que se les ofreció «la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado». Los Servicios Sociales intentaron entregar la respuesta en mano a mediados de octubre; el solicitante no quiso firmar el recibí ni llevarse el documento, así que se envió por carta certificada. La institución alega respeto a la intimidad del expediente.

El propietario que lleva cinco años litigando​

La otra cara del expediente rara vez aparece en los titulares. El dueño del inmueble no es un fondo buitre ni un tenedor de cartera: vive de alquiler en una habitación, su pareja está embarazada y arrastra un litigio que arrancó en 2021. La noticia del desahucio llega después de siete años sin recuperar la posesión, según los cálculos que manejan quienes han seguido el caso.

Ahí está el nudo del asunto. La legislación de vivienda y el escudo social han alargado los procedimientos hasta extremos que, en la práctica, trasladan la vulnerabilidad de un eslabón a otro. El inquilino protegido por la administración; el pequeño propietario, sin recurso equivalente.

El debate de fondo: derecho subjetivo o ayuda discrecional​

La RGI no es caridad. Es un derecho subjetivo: si se retira sin causa, el beneficiario puede acudir a la justicia con asistencia gratuita y reclamar atrasos. Distinto régimen tienen las ayudas de emergencia social, de concesión discrecional. Esa mezcla explica por qué el caso desborda la anécdota y se convierte en termómetro del modelo vasco de protección: prestaciones generosas, acceso garantizado y una lista de espera de vivienda que no crece al mismo ritmo.

La conversación pública derivó rápido hacia el agravio fiscal —cuánto cuesta esta familia frente a lo que aporta— y hacia la comparación con las pensiones. También hacia el efecto llamada y la política migratoria, un terreno donde los tópicos sustituyen con frecuencia a los datos. El expediente, en cambio, es prosaico: un contrato que no se renueva, un informe técnico y una notificación sin firmar.

Qué pasa ahora con el desalojo​

El lanzamiento judicial sigue adelante. La familia no tiene adjudicación directa, pero conserva la puerta del centro de urgencia social si la situación se agrava en el momento del desalojo. El Ayuntamiento se compromete a «seguir trabajando dentro de las competencias municipales». Los Servicios Sociales no disponen de viviendas para adjudicar directamente, dicen.

Queda el dato que descoloca: una familia con seis menores y 2.454 euros mensuales garantizados no cumple los criterios de emergencia, mientras el propietario que la denunció tampoco tiene casa propia. Dos vulnerabilidades, un solo piso y una administración que, de momento, ha decidido que la suya no es la que hay que resolver.