Resumen del debate: ¿Dónde están las inspecciones fiscales para los grandes del PSOE?

130 imputados del PSOE y ni una sola inspección de Hacienda​

Una sociedad vinculada a la pareja de una dirigente socialista acumula cinco años sin pagar impuestos. El empresario detrás de ella habría ingresado 13,3 millones de euros desde que Sánchez llegó a La Moncloa y su pareja escaló en el partido, según la información publicada por Alejandro Entrambasaguas. El dato, por sí solo, no probaría nada: media España tiene sociedades en pérdidas o con modelos mal presentados. Lo llamativo es el contraste. Frente a ese caso concreto, la pregunta que recorre los mentideros económicos es otra: ¿cuántas de esas sociedades han pasado por una inspección fiscal en los últimos años?

La respuesta, a la fecha de esta discusión, es incómoda: ninguna de las que afectan al entorno socialista, según quienes siguen el asunto. Y ahí empieza el problema, porque el relato oficial sostiene que la Agencia Tributaria es un organismo técnico, autónomo e implacable. La realidad, dicen los críticos, es que la Inspección actúa con criterios que no siempre coinciden con la estadística de quién defrauda más.

Quién inspecciona a quién y por qué​

El argumento que más circula es sencillo: la Inspección de Hacienda depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, y por tanto del Gobierno de turno. Quien controla el presupuesto controla las prioridades. No hace falta imaginar conspiraciones: basta con mirar los planes anuales de control tributario, que fijan sectores y perfiles de riesgo. Si un perfil no aparece en el plan, no se inspecciona. Y si no se inspecciona, no hay sanción.

En el caso de los patrimonios vinculados a cargos públicos, la cosa se complica. La ley obliga a declarar bienes, pero la verificación de esas declaraciones no es automática. Hay quien sostiene que el sistema está diseñado para que el que tiene dinero para abogados y asesores fiscales nunca pise una inspección en profundidad. El que tiene una nómina y una hipoteca, sí. La frase que resume esa sensación es que las inspecciones son para pringaos.

El patrimonio del embajador Iceta y las joyas de Zapatero​

La conversación se amplía cuando entra en juego el patrimonio del embajador Iceta: 27 inmuebles valorados en más de 10 millones de euros, según la información publicada, que no habrían sido declarados en el Congreso. Son datos que, de confirmarse, plantean una pregunta elemental: ¿cómo se acumula ese patrimonio con un sueldo público? La respuesta puede ser perfectamente legal —herencias, inversiones previas, rentas del cónyuge—, pero nadie lo sabrá si nadie lo comprueba.

El otro nombre que aparece es el de Zapatero. Se le atribuyen comisiones ilegales por cientos de miles de euros, una acusación que él ha negado siempre y que no ha sido probada en firme. Aun así, la pregunta es la misma: ¿se le ha abierto una inspección fiscal para verificar el origen de sus fondos? La respuesta, según quienes siguen el caso, es que no consta.

El sistema protege al sistema​

Hay una lectura más estructural que circula con fuerza: no es solo Hacienda. Son los abogados del Estado que defienden a los delincuentes en lugar del Estado, la Fiscalía que no defiende la legalidad, los cuerpos de seguridad que no defienden las fronteras. La conclusión que se extrae es que el sistema protege a los funcionarios y los funcionarios protegen al sistema. Una pescadilla que se muerde la cola.

El corolario político es amargo para muchos: esta impunidad sería el precio que hay que pagar por parar a la ultraderecha. Es decir, que los buenos nos ayudan a frenar a los malos, así que no conviene molestarles demasiado con inspecciones. La ironía se escribe sola.

El bonus de los inspectores y la pregunta que no se responde​

En medio del debate aparece un detalle técnico que suele pasar desapercibido: los inspectores de Hacienda cobran bonus por objetivos de recaudación. Es decir, su retribución variable depende de cuánto recauden, no de a quién investiguen. Eso genera un incentivo perverso: es más rentable perseguir a mil pequeños contribuyentes que a un solo gran patrimonio con buenos abogados. La pregunta que queda en el aire es si alguien va a exigir eliminar esos bonus. La respuesta, por ahora, es que no parece que vaya a pasar.

Con 130 imputados en el entorno socialista y cero inspecciones fiscales conocidas, la conclusión que se impone es que la Agencia Tributaria no es ciega. Simplemente, mira hacia otro lado cuando le conviene.