Resumen del debate: Cuánto le pagariais de comisión a un abogado ?

Cuánto cobra un abogado por dividir un piso en copropiedad​

¿Cuánto debería llevarse un abogado por llevar una división de cosa común hasta el final? La pregunta, aparentemente sencilla, abre un melón que en Madrid tiene números muy dispares: desde los 1.500 euros de un acuerdo de venta hasta los 10.000 que saldrían si se aplicara la cuantía del procedimiento, pasando por el 5% más IVA que alguien ofrece «y va que se mata». El asunto importa porque el piso puede acabar en subasta si los copropietarios no pactan la venta, y lo obtenido en subasta es, por definición, inferior al precio de mercado.

Qué es la división de cosa común y cuándo se subasta el inmueble​

La división de cosa común es el procedimiento por el que un copropietario sale de una comunidad de bienes cuando los demás no quieren o no pueden comprar su parte. El demandante tiene derecho a extinguir la comunidad, casi como una obligación, y el juzgado puede ordenar la venta en subasta pública si no hay acuerdo. La clave temporal: la subasta llega después de un procedimiento que, con las reformas de agilización, se tramita como juicio verbal, aunque la realidad de los juzgados hace que un asunto que en 2010 se despachaba en seis meses hoy se estire hasta los 36.

Hay quien sostiene que la reforma incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no ha cambiado nada sustancial. El argumento contrario es que el cambio a verbal sí acorta trámites al eliminar la audiencia previa del ordinario. En la práctica, el cuello de botella no es la ley procesal, sino la saturación de los juzgados.

Comisión fija o porcentaje: qué tarifas se manejan​

Las cifras que circulan en el sector van desde los 1.500 a los 2.200 euros por un acuerdo de venta sin llegar a subasta, hasta los 3.000-3.500 si hay oposición fuerte. Son tarifas de pago al final, no por adelantado, y quien las aplica avisa de que a posteriori suben porque son procedimientos largos. Frente a eso, el 5% más IVA sobre el valor del inmueble es la opción de quien prefiere atarse a un porcentaje del resultado.

El problema del porcentaje es que la cuantía procesal se calcula sobre el valor de la vivienda o, como mínimo, sobre el valor catastral. Con un piso de 100.000 euros, los honorarios según tablas del colegio de abogados rondarían los 10.000 euros. Y ahí está la trampa: aunque el cliente pacte una tarifa fija con su abogado, el abogado de la parte contraria no está sujeto a ese pacto, y si hay condena en costas, la factura puede dispararse.

El riesgo de las costas y la vía del acuerdo​

En un caso real de hace unos veinte años, los abogados de ambas partes acabaron embolsándose alrededor del 60% del valor de la vivienda si se seguían las tablas del colegio. Un 30% cada uno. El dato, aunque antiguo, ilustra el riesgo: en procedimientos de división de cosa común no hay imposición de costas automática a la parte que se opone, lo que incentiva dilatar el proceso.

De ahí que la recomendación más repetida sea llegar a un acuerdo. Vender de mutuo acuerdo tras la amenaza de subasta evita la pérdida de ingresos que supone la subasta, donde lo obtenido es menor que el precio de mercado. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende a quien solo mira el precio de salida.

Qué pasa si hay un inquilino con contrato​

La existencia de un inquilino con contrato puede ser alegada por la parte demandada para oponerse a la venta, aunque no impide el derecho del copropietario a extinguir la comunidad. Es un factor que complica la ejecución y que puede retrasar la subasta, pero no un blindaje jurídico.

La conclusión práctica: si el objetivo es vender y repartir, el acuerdo es más barato que el juzgado. Y si se acaba en el juzgado, la comisión fija pactada de antemano es la única forma de saber cuánto se va a pagar. El porcentaje, en cambio, es una apuesta abierta al valor del inmueble y a la duración del pleito.

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Al final, la pregunta no es cuánto cobra un abogado, sino cuánto está dispuesto a perder el copropietario que se niega a vender. Y ahí, las cuentas no salen.