Coro Cillán, la jueza que quiso reabrir el 11M, sigue internada en aislamiento
Una jueza inhabilitada, un intento de reabrir la investigación del 11M en 2009 y un internamiento psiquiátrico del que nadie da explicaciones públicas. Ese es el esqueleto del asunto que ha vuelto a circular estos días y que, a la fecha de esta discusión, sigue sin una versión oficial que cuadre las fechas. Lo que se afirma en el material es la secuencia:
Coro Cillán intentó reabrir el caso en 2009, el comisario
Villarejo la puso en su punto de mira y en 2019 la retiraron de la circulación, según un mensaje del foro. Entre medias, sanciones e inhabilitaciones profesionales.
La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es jurídica, es de proporción: si las sanciones eran correctas o no,
de ahí a una celda de aislamiento en un centro psiquiátrico hay un trecho que nadie ha justificado en público. Los datos disponibles apuntan a un internamiento con restricciones severas de visitas, algo que en el régimen penitenciario español se reserva para supuestos muy tasados.
Qué pasó con la jueza Coro Cillán tras su inhabilitación
El relato más repetido reconstruye un deterioro personal tras la expulsión de la carrera judicial.
Dos años deambulando por Plaza de Castilla, problemas con el alcohol, un ingreso de tres meses en el hospital La Paz tras ser recogida por una ambulancia en la puerta de un juzgado de guardia. Ese material, difundido por medios, es la base sobre la que se ha construido la versión oficial del internamiento.
Hay quien sostiene que ese deterioro es la causa del ingreso actual y que no hay nada más que rascar. En contra pesa un argumento incómodo:
una persona con ese historial puede acabar internada, pero el aislamiento es otra cosa. El régimen de visitas restringido, la incomunicación prolongada, no encajan con el protocolo estándar para un cuadro de ese tipo.
El 11M como telón de fondo de todo el caso
El segundo hilo del asunto es el 11M. La denuncia contra el policía
Sánchez Manzano —señalado por su presencia en los escenarios donde se habrían plantado pruebas falsas— cayó en su juzgado. Esa coincidencia es la que alimenta la tesis de que el internamiento no es casual.
El expediente Royuela también aparece en la conversación, con versiones que se contradicen entre sí.
Lo que no está probado, y conviene decirlo, es la cadena causal. Que una jueza investigue un asunto y acabe internada no demuestra por sí solo que lo segundo sea consecuencia de lo primero. La sospecha es razonable; la prueba, a día de hoy, no está sobre la mesa.
Cuánta gente hay en celdas de aislamiento en psiquiátricos en España
La pregunta la lanzó un participante y no tiene respuesta en el material:
no hay cifra pública de cuántas personas están en celdas de aislamiento en centros psiquiátricos en España. Ese vacío estadístico es, en sí mismo, el dato más relevante del caso. Sin número, no hay comparación posible; sin comparación, no hay forma de saber si el caso es excepcional o rutinario.
El contraste que sí se puede hacer es con el régimen penitenciario. Los presos de ETA en su momento más duro mantenían derecho a visitas familiares, aunque implicaran desplazamientos largos. Si eso era el suelo, el techo del aislamiento psiquiátrico queda en un lugar incómodo.
El asunto se queda exactamente donde empezó: con una jueza internada, un 11M sin reabrir y una pregunta sobre la mesa que nadie ha respondido con papeles.
Los datos disponibles no cierran el caso. Y mientras no lo cierren, la sospecha seguirá teniendo donde agarrarse.