Resumen del debate: BOOOOM Chicote suelta otra bomba de racimo: Oscar Lopez ejecutando varios desahucios (ACTUALIZACION 19 OCTUBRE)

Óscar López y el desahucio que desmonta su propio relato​

¿Puede un ministro denunciar un desahucio mientras su departamento avala el de la puerta de enfrente? Esa es la pregunta que dejó servida el periodista Javier Chicote el 19 de octubre, cuando publicó que **Óscar López** quiere desahuciar a un anciano de 74 años con un 33% de minusvalía. El detalle que convierte la noticia en bomba de racimo: el inmueble señalado está enfrente del caso Maricarmen, el desahucio que el propio López convirtió en bandera política. Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el procedimiento lo impulsa **Muface**, un organismo público dependiente del ministerio que él dirige.

La paradoja no es menor. El mismo dirigente que se fotografió denunciando un desalojo en el barrio de Sainz de Baranda aparece ahora como parte activa en un procedimiento idéntico, a pocos metros, y con un inquilino vulnerable de por medio. La diferencia, según quienes han seguido el caso, es que en el primer desahucio el propietario era un particular y en el segundo es una mutualidad de funcionarios. El relato se sostiene mal cuando el espejo está tan cerca.

Qué es Muface y por qué aparece en el centro del caso​

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es, además de gestora sanitaria, propietaria de un parque inmobiliario considerable. También arrastra un agujero financiero que los presupuestos públicos cubren cada año. Que sea ella quien figure como demandante en un desahucio cambia el marco: no es un casero privado, es una entidad pública la que ejecuta el procedimiento. Y el responsable político de esa entidad es el ministro que denunciaba el desalojo de al lado.

El sindicato convocante ha anunciado movilizaciones para el **11 de noviembre** con el argumento de que la hipocresía tiene un límite. La convocatoria mezcla dos causas: el caso Maricarmen y el del vecino de enfrente. Que ambos compartan acera no es una coincidencia literaria, es el núcleo del escándalo.

El patrón que se repite: propiedades, alquileres y cargos públicos​

El caso de López no llega solo. En los mismos días han aparecido informaciones sobre la candidata del PSOE en Granada, que figura como propietaria de **19 inmuebles** y se define como clase media; sobre la pareja de la portavoz socialista, vinculada a una sociedad que, según las publicaciones citadas, lleva cinco años sin pagar impuestos y habría ingresado 13,3 millones desde que Sánchez llegó al poder; y sobre la tala de 700 árboles para una urbanización de lujo atribuida al entorno de la misma portavoz.

Cada pieza refuerza la anterior. El discurso de la vivienda como derecho choca con patrimonios personales que multiplican la media. Y el electorado que aplaudió la bandera del alquiler asequible empieza a preguntarse cuántos de los que la enarbolan la aplican en su propio balance.

La respuesta del entorno y el silencio del ministerio​

Hasta la fecha de esta discusión, el ministerio no ha desmentido los hechos concretos: ni la identidad del inquilino, ni su discapacidad, ni la condición pública de la demandante. La defensa que circula se limita a señalar que el procedimiento es administrativo y que la ley obliga. Es el argumento del funcionario: yo solo ejecuto. El problema es que quien ejecuta también legisla.

Hay quien sostiene que el escándalo es de doble filo: si el procedimiento es legal, el ministro no tiene margen. En contra pesa que el mismo criterio no se aplicó cuando el desahucio era de un particular y daba rédito político. La coherencia, en política, se mide por lo que se hace cuando nadie mira.

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Al final, la pregunta no es si Óscar López puede desahuciar. Es si puede hacerlo después de haber convertido el desahucio ajeno en su mejor foto. La respuesta, como casi siempre en este país, la dará la hemeroteca antes que los tribunales.