Resumen del debate: Ahora que va a PODER GANAR la derecha, que medidas os gustaría que adoptasen? Que propondríais personalmente?

Del SMI a la mili: el menú que un participante de derechas no enseña en campaña​

¿Qué haría usted si gobernara? La pregunta, lanzada a propósito de un hipotético triunfo electoral de la derecha, destapa un catálogo que va del recorte administrativo razonable al experimento social más radical. Y ahí está el interés: en el mismo saco conviven propuestas que cabrían en un programa liberal ortodoxo y otras que exigirían desmontar medio Estado del bienestar. No es un detalle menor de cara a los próximos comicios.

El punto de partida lo pone una intervención que mezcla lo institucional con lo cultural: retener el poder, marcar distancia con la Iglesia, hacer las paces con los territorios agraviados y convertir España en un hub del entendimiento entre culturas. Hasta ahí, retórica de Estado. La cosa se tuerce cuando el mismo planteamiento propone meter mano en televisiones y medios «a lo bestia» para elevar el espíritu nacional, y remata con un plan de inteligencia artificial para fabricar discurso sociológico de marca patria. La línea entre comunicación institucional y propaganda se difumina sola.

Vivienda y okupación: el caballo de batalla que sí une​

El consenso más nítido aparece en el ladrillo. Se pide derogar las normas que, según este planteamiento, protegen la okupación y la última ley de alquileres, con el argumento de que el mercado funcionaría mejor sin intervención y sin necesidad de construir más. Es la tesis de siempre: menos regulación, más oferta. Falta el matiz de que la oferta no aparece por decreto, pero como posición de salida es coherente y muy repetida.

El recorte del perímetro público​

Aquí el menú se amplía y se vuelve explícito. Cero subvenciones a sindicatos y a entidades del tercer sector que no se financien con sus socios; teles públicas que dejen de competir con las privadas y se limiten a idiomas, cultura e información; y ese ahorro redirigido a un cine histórico de corte patriótico, con Pelayo, Jaime I, Lepanto y los castros como cartelera. La propuesta tiene su gracia —el intervencionismo cultural se combate con más intervencionismo cultural— y también su lógica de fondo: quien paga, manda.

La vuelta de tuerca laboral y sanitaria​

El tramo más duro llega con la administración y el gasto social. Se plantea no cubrir las jubilaciones de funcionarios, subir la jornada efectiva a 45 horas semanales y recortar un 10% el salario público. Privatizar sanidad y educación. Recuperar dos años de servicio militar obligatorio. Privatizar pensiones, bajar un 10% las más bajas y un 5% las más altas. Y eliminar el SMI para que trabajador y empresa «se las entiendan». Sumado, es un cambio de modelo completo, no un ajuste.

Hay quien va más lejos y propone indemnización por despido cero, derogación de todos los convenios y traída masiva de mano de obra extranjera para abaratar costes. La contradicción con el discurso de prioridad nacional es evidente, y nadie la resuelve.

El ala que no quiere esperar a las urnas​

No todo el mundo da por hecha la victoria. Se advierte de que existe una masa de votantes que puede sostener al partido que hoy gobierna pese a los casos que se le atribuyen, y se recuerda que el líder de la oposición ha repetido que quiere gobernar en solitario, sin socios, aspirando a la mayoría absoluta. Con un accidente ferroviario de por medio —mencionado como arma electoral hasta el último día—, el escenario de 180 escaños se ve factible para unos y fantasía para otros.

El cierre del menú lo firma la facción nostálgica: pena de muerte, misa obligatoria, penalizar el adulterio y prohibir las relaciones fuera del matrimonio. Es lo que tiene preguntar en voz alta: que la respuesta siempre supera al que pregunta.