El Gobierno en funciones anuncia subidas de pensiones y SMI en plena campaña
A pocos días de las elecciones generales, el ministro de Economía en funciones, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Ejecutivo subirá las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI) aun estando en funciones. La medida, que según el Gobierno busca proteger el poder adquisitivo de los más vulnerables, ha sido interpretada por una parte del electorado como un movimiento estratégico para captar votos de cara a los comicios del 29 de octubre. El anuncio llega sin que se hayan aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que ha generado dudas sobre su encaje legal y su financiación.
¿Es legal subir las pensiones y el SMI sin Presupuestos?
La medida ha suscitado un intenso debate sobre su legalidad. Un gobierno en funciones tiene limitada su capacidad de acción, según establece la Ley del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que se trata de una actualización necesaria para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Desde la oposición se argumenta que se está «repartiendo dinero sin Presupuestos Generales del Estado», lo que consideran «ilegal». Los expertos consultados apuntan a que la subida de las pensiones podría tramitarse vía real decreto-ley si se justifica por razones de urgencia, aunque su aplicación efectiva quedaría condicionada a la formación de un nuevo gobierno.
El impacto en las cuentas públicas y en los trabajadores
El anuncio ha puesto el foco en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Varios análisis señalan que las pensiones son «insostenibles» a largo plazo y que la subida compromete aún más las cuentas públicas. Se argumenta que el dinero para pagar las pensiones sale de las cotizaciones de los trabajadores en activo, muchos de los cuales ganan menos que los propios pensionistas. Además, se advierte de que la subida del SMI puede tener un efecto perverso: parte de la mejora se perderá por la inflación y el IRPF, y las pequeñas empresas podrían ver tensionada su viabilidad.
La reacción de la derecha y el cálculo electoral
La medida ha sido recibida con críticas desde el espacio de la derecha, que la califica de «compra de votos» con dinero público. Sin embargo, algunos análisis dentro de ese espectro reconocen que la jugada es hábil: el Gobierno se dirige a caladeros de votos clave, como los pensionistas y los trabajadores con salarios bajos, y les ofrece una mejora tangible. La derecha, por su parte, no ha articulado una contraoferta clara y se ha limitado a criticar la medida, lo que algunos ven como un error estratégico que podría entregar la mayoría absoluta al PSOE.
El anuncio de subidas en pensiones y SMI a las puertas de las elecciones ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar y la utilización electoral de la política económica. Mientras el Gobierno defiende la medida como una cuestión de justicia social, la oposición la tacha de electoralista e ilegal. Con las cuentas públicas en el aire y sin Presupuestos, la pelota está en el tejado del electorado, que decidirá el 29 de octubre si premia o castiga esta estrategia.