La entrevista facilitada por el ministro de Economía Luis de Guindos este fin de semana evidencia la tesis de que el Gobierno se prepara para negociar en septiembre las condiciones que exigirá Bruselas a cambio de un rescate de la deuda pública.
Hasta ahora, y siempre bajo supervisión de Bruselas, se ha flexibilizado el mercado laboral y se ha abaratado el despido, se ha demorado la edad de jubilación hasta los 67 años, se ha eliminado una paga extra a los funcionarios, se ha recortado la prestación por desempleo, se ha subido el copago farmacéutico, las tasas universitarias, impuestos como el IRPF, el IVA.
Son medidas que, a corto plazo, harán más profunda la recesión que vive España pero que, a medio plazo, el Gobierno confía en que sirvan para reducir el déficit, generar empleo y aumentar, por ende, los ingresos del Estado.
Las reformas van en la misma línea que las que se han llevado a cabo en los países rescatados, aunque con una diferencia relevante: en esos países se llevaron a cabo después del rescate, como respuesta a las exigencias planteadas por los prestatarios de la ayuda; España, sin embargo, ha anticipado los recortes con la esperanza de que ello contribuiría a evitar una petición de rescate. Algo que, a día de hoy, parece inevitable ya que, a pesar de los ajustes, los mercados siguen desconfiando de la economía española.De hecho, la semana pasada la prima de riesgo experimentó un significativo descenso con la confirmación de la puesta en marcha del rescate en septiembre.
¿Habrá un rescate a la griega?
Lo que muchos ciudadanos se preguntan ahora es sí las reformas llevadas a cabo hasta la fecha serán suficientes para conseguir ayuda externa o si, por el contrario, se le pedirán nuevos esfuerzos a España. El Gobierno ha cumplido ya la mayoría de las reformas macroeconómicas incluidas por la Unión Europea en el memorando de entendimiento que tuvo que suscribir para recibir el préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca. Es el caso de la subida del IVA o la eliminación de las deducciones por compra de vivienda.
Sin embargo, un rescate completo podría conllevar nuevos ajustes en ámbitos que el Gobierno se resiste a tocar. Las pensiones suponen el caso más representativo, segudios del salario, la reforma de las autonomías y la sanidad.
Grecia, a cambio de los más de 200.000 millones de euros que tiene previsto recibir ha rebajado la cuantía de las pensiones en hasta un 24% en sucesivas reformas del sistema. Irlanda hizo lo propio, disminuyendo la paga de los pensionistas en un 10%.Es probable que un rescate global incluyera contrapartidas en ese sentido, teniendo en cuenta de que España gastó en pensiones en 2008 el equivalente al 9,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Otro campo que el Gobierno de Rajoy se resiste a modificar a fondo es el de la Sanidad. Se incrementó el copago farmacéutico, pero la asistencia sanitaria sigue siendo gratuita. El Banco Central Europeo ha aconsejado a España que impulse una rebaja salarial generalizada, incluido el salario mínimo, tal y como se hizo en Grecia e Irlanda. El Ejecutivo ya ha rebajado el sueldo a los funcionarios, pero no se ha planteado ninguna rebaja del salario mínimo.
Y por último, el Gobierno podría tener que responder a una exigencia todavía más complicada como contrapartida de un hipotético rescate: la reforma del Estado de las Autonomías, que generaría un tsunami político.
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