El reproche del «medio millón de muertos» y quién tiene derecho a quejarse
Quien gestionó la mayor catástrofe sanitaria de las últimas décadas no está en condiciones de pontificar sobre las siguientes. Ese es el eje del reproche: entre 2020 y 2021, según la acusación que abre la controversia, se acumularon
medio millón de fallecidos en el país, y de ahí se deduce que quienes entonces decidieron no tienen legitimidad para opinar sobre un accidente de tren ni sobre ninguna otra muerte. La cifra se lanza sin serie estadística y sin desglose por causa. No hace falta: funciona como arma arrojadiza, no como dato.
El núcleo del reproche es una instrucción concreta, la de quedarse en casa, leída como abandono deliberado de los más vulnerables. A quien sostiene la tesis se le atribuye en el hilo la fórmula «terroristas víricos», que convierte un desacuerdo sanitario en imputación criminal. La burla de quienes entonces pedían quedarse en casa, imitados con acento ridiculizador, cierra el círculo.
Por qué la cifra del «medio millón» se usa como argumento político
No hay desglose que distinga fallecidos por el virus, por falta de camas o por decisiones administrativas. Esa ausencia tampoco neutraliza la denuncia: la convierte en
relato y le da la fuerza de un número redondo. Un dato fino se discute; medio millón se grita.
La objeción más repetida es temporal.
Seis años después, la cifra ya no explicaría nada nuevo y el asunto caducaría por agotamiento. La réplica llega con otra fórmula, la de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La imprescriptibilidad invocada no opera sola: exige una calificación penal firme que, hasta donde alcanza esta controversia, no consta. Sin ella el argumento funciona como recordatorio moral y como
eslogan, no como consecuencia jurídica.
¿Quién tiene autoridad para hablar de un accidente de tren?
El salto del reproche sanitario a la actualidad es la parte más frágil del planteamiento. La autoridad moral no es requisito de validez: un argumento es bueno o malo por lo que dice, no por el historial de quien lo firma. Y el criterio, aplicado en serio, se vuelve contra su autor, porque siempre hay un error previo en cualquier biografía. Como herramienta retórica, en cambio, es imbatible: no hay que discutir el siniestro, basta con descalificar a quien lo menciona.
Hay quien sostiene que la coherencia exige no invocar desgracias ajenas desde un
púlpito manchado. En contra pesa que esa exigencia solo silencia a quienes ya tenían algo que callar, y deja el terreno libre a los demás.
El punto en que la discusión se rompe
A partir de ahí la conversación deriva hacia terrenos que no admiten réplica: hábitos sexuales, controles médicos, salud. Se enumeran prácticas y tratamientos en tono de descalificación personal, con la prevención convertida en munición. Quien entra ahí ya no discute la pandemia; discute al vecino. Se mencionan incluso los techos altos de los platós de televisión.
Con estos mimbres, el pronóstico es el de siempre: la cifra de medio millón seguirá sirviendo para descalificar y no para esclarecer, y cada nueva desgracia tendrá su portavoz inhabilitado de antemano. Romper el bucle exigiría pedir cuentas con datos y no con eslóganes. No parece que esté cerca. Aunque, seis años mediante, tampoco nadie apostaría por lo contrario.