Los propietarios llevan casi tres años esperando que el juzgado emita de una vez la orden de desalojo del inmueble
Los okupas que llevan casi tres años viviendo ilegalmente en el número 10 de la calle Pedro del Toro han vendido todos los enseres de la vivienda, incluidos los azulejos de Mensaque que había en ella. Han hecho lo mismo con los marcos de la puerta, las camas, los muebles y hasta las rejas. Así lo denunciaron a este periódico los propietarios del edificio, que siguen esperando que el juzgado pueda liquidar de una vez la orden de desalojo. La sentencia es firme desde el pasado mes de abril, pero ha habido una serie de resoluciones judiciales que están dilatando el procedimiento.El 15 de enero de 2024, la familia propietaria denunció la ocupación ante la Policía Nacional. Agentes de este cuerpo estuvieron en la casa y hablaron con los okupas, pero no llegaron a hacer nada más. El 15 de marzo de 2025, se presenta la demanda ante el juzgado de Instrucción. El 5 de agosto, se puso una denuncia en el Ayuntamiento, que ni siquiera contestó. El 10 de noviembre llegó la sentencia en primera instancia, que dio la razón a los dueños. Se condena a multas a los okupas y se ordena el desalojo del inmueble. En esta sentencia, emitida por el juzgado de Instrucción 11, se declara que no hay causa de exclusión social o vulnerabilidad.
Dos de los abogados de los okupas (han participado al menos 8 abogados, todos de oficio) recurrieron en apelación esta resolución. Todos los que viven en la casa son de origen africano, por lo que en el procedimiento han trabajado hasta tres intérpretes. El 10 de abril de 2026 llega la segunda victoria judicial de la familia. La Audiencia Provincial de Sevilla confirma la sentencia del juzgado de Instrucción. A partir de este momento se produce la firmeza de la sentencia, tanto para los dos que recurrieron en apelación como para el resto, que no recurrió.
El 28 de mayo, el juzgado solicitó información a la Policía Local de Sevilla sobre si el inmueble seguía ocupado. A la familia no le consta que la Policía local haya contestado a este escrito. Los propietarios consideran que esta petición es “absurda”, pues “lo lógico es proceder al desahucio y, si no hubiera nadie, pues ya está”. Además, en este escrito del juzgado, el juez pide a la Policía que informe si los que están en la casa son los okupas originales. Esto pudiera conllevar que, si hay otros en ese momento, no se les pudiera desahuciar, por no ser los mismos que constan en la sentencia. Habría, por tanto, que empezar el procedimiento con los nuevos. “Y así toda una eternidad”, explica uno de los dueños de la casa, que habló personalmente de este problema con la delegada del distrito Centro, Amidea Navarro, y la Policía Local, para tratar de agilizar el desahucio.
En julio de 2026 se recibe un escrito del juzgado que interesa la ejecución contra dos de los okupas, los dos que recurrieron, cuando la sentencia es firme tanto para los que apelaron como para los que no. Lógicamente, la familia presentó un escrito pidiendo que se procediera contra todos. El 8 de septiembre, llegó un nuevo escrito del juzgado instando la ejecución contra los dos que recurrieron. Los dueños insistieron en que tenían que ser desalojados todos. Y así está la situación legal ahora mismo, cuando están cerca de cumplirse los tres años desde la primera denuncia.
No queda ahí el asunto. Después de acudir al Ayuntamiento y exponer todo el asunto y pedir ayuda, la respuesta municipal fue hacerles una inspección de urbanismo. En noviembre de 2025, Urbanismo instó a los propietarios a hacer una serie de obras bajo apercibimiento de sanción. En este escrito se recoge que la propiedad identifique a los okupas, se reconoce que la luz está enganchada, lo que supone un grave peligro, que no hay agua, y por tanto insalubridad, y que hay que desinfectar, desrratizar y desinsectar la casa. El Ayuntamiento reconoce que para poder hacer las obras, el inmueble tiene que estar libre de ocupantes, pero no emiten informe ni orden de desalojo para ello.
A este escrito de Urbanismo, la propiedad presentó alegaciones diciendo básicamente que habían sido precisamente ellos quienes habían puesto de manifiesto la situación del edificio, que los dueños no podían acceder al inmueble para proceder a las obras, que hay grave riesgo de incendio por los enganches ilegales y de desprendimiento de elementos constructivos, como los balcones, en los que se acumulan cosas.
La familia ha presentado varios escritos de “impulso procesal” para que se fije un día y una hora para el desahucio, de momento sin éxito. Se ha reunido con el distrito, la Policía Local y la Nacional y admite que se toman interés, pero sin la orden judicial no pueden hacer nada. Hay multitud de denuncias de los vecinos, que alertan de peleas, robos, menudeo de drojas, prespitación, acoso a vecinas (a las que les dicen que entren en la casa), riesgo de incendios, mal olor en la calle (en la casa no hay agua). A todo ello se une ahora el expolio y la venta de los enseres.
Los okupas de Pedro del Toro venden hasta los azulejos de la casa